Por Alejandro [email protected]
La fiscalía y la querella reclamaron esa condena contra los cuatro acusados por la muerte de Marcela Sánchez, en el 2006. Este martes a las 12, el Tribunal Federal Nº1 dará la sentencia después de siete años.
Pidieron 5 años de cárcel para los acusados en el juicio por la niña ahogada en la pileta de la UNCUyo
Una eternidad –según recuerdan los que quisieron salvarla– fue lo que demoraron en apagar las bombas de succión que atraparon bajo el agua a Marcela Sánchez el 8 de enero del 2006 en la pileta de la UNCuyo, llevándose así una vida de apenas 12 años. La misma eternidad que demoraron la investigación penal y el juicio, que tras siete años llega hoy a su fin: a las 12, la Justicia federal dirá si los cuatro acusados son culpables o inocentes. La fiscalía y la querella pidieron la pena máxima cinco años de cárcel por homicidio culposo y hasta diez años de inhabilitación. Las defensas solicitaron la absolución.
Sin embargo, aunque fueran condenados con penas de cumplimiento en prisión, los procesados no irán de momento tras las rejas, pero sí les quedará un largo camino judicial para tratar de revertir el fallo y pelear por su libertad.
Sánchez murió ahogada frente a sus padres en la piscina del club al que iba a diario a bañarse. Una pierna le quedó atrapada en un filtro que succionaba agua porque alguien (nunca quedó claro quién) activó las bombas comenzó así a vaciar la pileta antes de tiempo, cuando aún había gente adentro.
Sin rejilla protectora y cerca del fondo del natatorio, el filtro y el agua turbia que llevaba varios días sin ser tratada fueron una trampa mortal para la niña. Su ahogamiento nunca pudo ser advertido desde la superficie, por el estado del agua, hasta que un bañista que buceaba se la atropelló en el fondo.
El Tribunal Oral Federal Nº1 –integrado por los jueces Alejandro Piña, Juan González Macías y Estela Blanco– definirá hoy si los cuatro acusados son culpables o no de homicidio culposo, si son los responsables de esa muerte por negligencia, impericia, ignorancia o inobservancia de los reglamentos.
Roberto Moyano, ex titular de la Dirección General de Deportes de la UNCuyo; Marcelo Quiroga, ex director de Servicios; su hermano Cristian Quiroga, ex concesionario privado de la piscina, y Francisco Illanes, ex encargado de Maestranza y coordinador entre el concesionario y las autoridades del club, sabrán finalmente si se aseguran la libertad o si deberán luchar por ella.
Una posible pena de prisión no los pondrá de inmediato en la cárcel, porque a sus abogados defensores les quedará una doble chance: recurrir a la Cámara de Casación Penal de la Nación para que revise y revierta el fallo, y si allí no lo consiguen, intentarlo nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dura pulseadaLas partes cumplieron ayer con los alegatos, donde argumentaron por qué había que condenar o no.
La gran discusión del juicio es que entre los acusados no está ni quien activó las bombas de succión o ni quien quitó en su momento la rejilla del filtro. Sin embargo, los cuatro tenían distintas obligaciones jerárquicas o funcionales en el club.
Para la fiscal María André y el abogado de la familia Sánchez, Pablo Lazzati, la culpabilidad de los procesados está probada, lo que sostuvieron en la responsabilidad funcional que tenían los cuatro acusados.
En ese sentido, recalcaron que ellos tenían la obligación de conocer la operatividad de la piscina, las deficiencias, los riesgos y cómo subsanar éstos a modo de prevención.
Señalaron además que los imputados incumplieron con “el deber de cuidado” que les asignaba la función, requisito jurídico que tiene peso propio a la hora de la sentencia.
En cambio, para los abogados defensores –los penalistas Roberto Godoy Lemos, Diego Lavado y Daniel Sosa Arditti–, ninguno de los que están sentados en el banquillo es culpable porque no tenía la función ni la obligación laboral directa de manipular las bombas de succión o de encargarse del mantenimiento de la piscina.
Es más, dos de ellos ni siquiera trabajaban los domingos, día en que sucedió la tragedia.
En ese sentido, la defensa se escudó incluso en que el natatorio estaba concesionado y que por lo tanto no hay responsabilidad de los ex directivos del club de la UNCuyo.
Para los defensores, Sánchez no hubiera muerto si las bombas no se hubieran activado antes de tiempo y si no se hubiera quitado la rejilla del filtro, queriendo reflejar así que su deceso no fue por una sola acción, sino que se trató de una cadena de hechos desafortunados.
Para la fiscalía, la niña murió por las malas condiciones de la piscina, que no cumplía con las medidas de seguridad básicas, de las que entiende que eran responsables quienes están sentados en el banquillo.
Deficiencias crónicasUno de los puntos más comprometidos para los acusados de la muerte de Marcela Sánchez es que las deficiencias que se combinaron fatalmente y provocaron la tragedia ya venían de mucho tiempo, y no fueron una situación excepcional de aquel 8 de enero del 2006.
Como acreditaran en el juicio el bañero de la piscina y otros bañistas que iban al club, hacía mucho tiempo que faltaba la rejilla del filtro, y no era la primera vez que la pileta comenzaba a ser vaciada con niños y grandes bañándose en su interior mientras las bombas funcionaban a pleno.
Aún más, el natatorio no estaba habilitado para funcionar como tal.
La pileta en realidad era una cisterna pensada y usada para regar el gran predio de deportes de la UNCuyo.
