Piden desfibriladores para sitios públicos y privados

Avanza en la Cámara Baja un proyecto que sumará a la calidad de vida de la población: consiste en la implementación de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en lugares públicos y privados. En un principio se programó para que hubiera uno en lugares donde la afluencia media diaria de gente alcance o supere las 1.000 personas. Similar a la disposición que obliga a los dueños de empresas, clubes, escuelas, universidades, y todo tipo de sitios donde transitan muchas personas, a poseer matafuegos. Este proyecto fue retomado por las diputadas del PJ Lidia Ruiz y Cristina Pérez y avalado por la presidenta de la comisión de Salud de Diputados, Liliana Pérez (UCR). En la Cámara Baja se le introdujeron modificaciones para hacer más abarcativo su propósito. Pero también se tiene en cuenta que deberá haber personal capacitado en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y en el manejo del DEA. El proyecto fue aprobado por unanimidad en Diputados, pero como hubo modificaciones en el original, volverá a la Cámara de Senadores a fin de obtener la sanción definitiva y que el Gobierno pueda promulgar la legislación. DiferenciasEn el proyecto original se instalaría la DEA en lugares en los que la afluencia de gente por día fuera de 1.000 personas, en promedio: salas de cine, teatros, bancos, casinos, estadios, anfiteatros y lugares recreativos, entre otros. La idea central es que la persona afectada recibiera reanimación en menos de 3 minutos. Por lo que debía haber al menos dos personas en todo momento, capacitadas en RCP y en el uso del DEA.La capacitación y el mantenimiento de los equipos estaría a cargo de los dueños de los establecimientos en cuestión, o de las personas que los administren. También tenía en cuenta la realización de un mapa de los lugares en los que los DEA estarían instalados para que un respondedor (personal capacitado para manejarlo) pudiera acceder al lugar de la emergencia en menos de 3 minutos. Esta información debía estar en manos de los operadores del 911. A su vez, era obligatorio generar una base de datos de los eventos ocurridos. Sin embargo, las modificaciones introducidas por las dos diputadas peronistas poseen criterios más amplios. En primer lugar, determina que la autoridad de aplicación de la norma sea el Ministerio de Salud, y que este determine en qué lugares es necesario colocar un DEA y personal capacitado en técnicas de RCP. Es decir, no se ciñe a un número, sino a lo oportuno de contar con estos recursos, médicos y humanos. También pone de relieve la importancia de capacitar en RCP a alumnos de la educación media y superior. Otros aspectos son similares al proyecto que tiene media sanción del Senado, como lo es la obligación de realizar un registro de acontecimientos y un mapa de la ubicación de los sitios que posean un DEA.