Entre los pedidos que recibían los interesados en tener vivienda desde la Tupac Amaru Mendoza, estaba la de asistir a marchas a favor del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la de limpiar lotes, prestar servicios para la organización, como también ayudar a construir las casas de otros, viajar a algún encuentro nacional, todo lo cual era registrado en un cuaderno.
Si la persona no había concurrido a todas las citas, quedaba fuera de los proyectos automáticamente.
Aun así, ese convenio entre la organización y los municipios implicaba dos pasos claves: por un lado, que los fondos fueran entregados a medida que iban avanzando las obras y, por otro, debía ser conformado un listado de beneficiarios.
En este último caso sucedió que no siempre el listado estaba cerrado del todo en el momento de ir haciendo las casas. De ahí, que muchos participantes quedaban fuera del operativo sin saberlo.
Desde el IPV detallaron también que las certificaciones del avance de las obras tenían tres tramos y no era mensual, como sucede con otras cooperativas, por lo que podía pasar bastante tiempo entre un certificado y otro. Esto implicaba que los desembolsos fueran muy pocos, pero muy grandes, a la vez que los precios de los materiales subían constantemente y el dinero no alcanzaba para cubrir la etapa siguiente.
Además, los certificados dados por los municipios y que auditaban desde el IPV, a veces no llegaban al porcentaje exacto de la obra. Por ejemplo debían hacer en dos meses el 20% de la construcción y tenían hecho sólo el 18%, pero igual se certificaba.
En este momento, según informó el titular del IPV, Damián Salamone, el programa Integración fue dado de baja, pero han quedado en las cuentas del Instituto unos $25 millones, que no han podido ser utilizados por las falencias ya señaladas, es decir, o no alcanzan para cubrir el costo del tramo próximo de la obra o el avance de la obra no está todavía completo del todo o falta el cierre del listado de beneficiarios. Además, hay otros $101 millones que la Nación está dispuesta a bajar. Para ello los municipios deben rescindir el contrato con la Tupac para eliminar la operatoria.
Luego de que eso suceda, Salamone calculó que faltarán otros $50 millones para finalizar las viviendas, pero aclaró que la orden del Gobierno nacional, fue terminar toda la obra ya iniciada.
Un punto aparte será determinar el dinero para dotar a estos barrios de servicios, ya que muchos de ellos fueron levantados por presión política y no todas las comunas hicieron las obras de urbanización, como agua, luz y gas.
