Por Rosana Villegasvillegas.rosana@diariouno.net.ar
Una reconocida mutual crediticia mendocina llevó a juicio 12 empleados públicos. Se cree que hay abogados inescrupulosos que lucran detrás de esto y luego dejan desamparados a los trabajadores. Hay 6.000 estatales en quiebra.
Otra modalidad de estafa: piden préstamos personales y se declaran en quiebra para no pagar
“Según los registros de los juzgados, en la provincia hay unos 6.000 empleados públicos en quiebra. Obviamente muchos están quebrados porque no pudieron hacer frente a sus responsabilidades económicas, pero gran parte de ellos, sin duda asesorados por algún abogado o un contador, encontraron el ardid justo para conseguir un préstamo y no pagarlo nunca”. La afirmación que hace el abogado Eduardo de Oro, representante legal de una mutual crediticia que consiguió llevar a juicio a 12 empleados acusados de estafa, se apoya también en la situación que desnuda el titular de AMSA (Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes), Oscar Vergara, quien calculó que de 9.600 socios hay 30% de morosos “y varios casos son incobrables”. Los números oficiales aseguraron a mediados de junio que de más de 95.000 estatales, 2.500 tienen el 50% del sueldo comprometido por deudas o prestaciones.
De acuerdo con el registro que hoy guardan algunas mutuales crediticias y sociales, la catarata de estafas se habría iniciado hace unos 6 años, cuando comenzaron a detectar un ardid que pareció viralizarse rápidamente. Aparentemente asesorados por abogados o contadores que manejaban la letra chica de la ley de Concurso y Quiebras, sancionada a mediados en 1995, centenares de empleados públicos de todas las entidades llegaban hasta las mutuales para pedir un préstamo y en pocas horas se declaraban en quiebra para evitar afrontar las cuotas del empréstito que les habían otorgado.
“No era una maniobra espontánea, detrás de esto había alguien idóneo que los asesoraba y eso se notaba porque por ejemplo una persona pedía un crédito en marzo, en abril se presentaba en concurso de acreedores o en quiebra y como debían declarar el momento del cese de pago, lo fijaban en febrero. Así de burdo, algo que no podría haber ocurrido porque para obtener el crédito necesitaban estar habilitados. De hecho muchos tenían la calificación crediticia 01, que corroboraba esa habilitación, y obviamente mintieron. Además, el abogado que los representaba para presentarse en concurso de acreedores, les firmaba lo necesario y después desaparecía”, ejemplificó de Oro.
La letra chica de la leyEn parte, según los entendidos en la materia, esto ocurría porque la nueva Ley de Concursos y Quiebras habilita a aquel que toma un crédito y luego se declara en concurso de acreedores sino presenta una propuesta para pagar se le declara la quiebra. De ahí pasará sólo un año inhabilitado y luego se lo rehabilita automáticamente para volver a endeudarse.
Ante esta perspectiva, del otro lado del mostrador los empleados de las asociaciones mutuales veían desfilar a una horda de empleados públicos desesperados por obtener un préstamo, que muchos ya habían decidido no pagar. “Tuvimos casos en que la misma persona había tomado 2 o 3 préstamos en pocos días y eso también se debía a que nos faltaba una buena comunicación con el Clearing bancario, algo que después se solucionó. Pero es claro que detrás hay abogados, porque ellos les daban letra y la gente creía. Nosotros dimos créditos para autos que quedaban como prenda y aun así no pagaban. En uno de esos casos, cuando un oficial de justicia fue a rescatar la prenda, el deudor, que era un policía, lo amedrentó con el arma porque el abogado le había dicho que no tenía que devolver nada porque él estaba en concurso. Y que sacara todo lo que quisiera porque no había que pagar nada”, recuerda Vergara, quien fue hasta abril el presidente de la Federación de Mutuales Unidas de Mendoza.
Ahora, si bien 12 de estos empleados llegarán a juicio por las presuntas estafas denunciadas por la Asociación Mutual del Instituto Provincial de la Vivienda, los consultados creen que esto es sólo el inicio, porque atrás hay un negocio jugoso.
►Artículo 236 de la ley. Establece la duración de la inhabilitación del considerado fallido, que es quien está en quiebra, “cesa de pleno derecho, al año de la fecha de la sentencia de quiebra o de que fuere fijada la fecha de cesación de pagos”.
►2.547 estatales cobran la mitad de su sueldo o menos. El dato oficial indica que esos empleados tienen la otra mitad comprometida en compras o préstamos.
Una Ley de Quiebras por demás benévola“La ley 24.522 (de Concursos y Quiebras) no sólo es permisiva porque permite que aquel que estuvo inhabilitado por quiebre pasé sólo un año en esa condición y automáticamente se lo habilita para volver a endeudarse, sino que también elimina la posibilidad de que un juez haga alguna calificación de la quiebra. Anteriormente un juez que recibía estas quiebras podía calificarlas si era fraudulenta o no. De ser fraudulenta ese mismo magistrado lo pasaba al fuero penal y esa persona podía ser juzgada por ejemplo por estafa, eso hoy no ocurre. La única manera es que haya una investigación particular, como la que iniciamos nosotros”, especificó Eduardo de Oro para graficar las benevolencias de la ley.
Actualmente, gracias a esta legislación, aquel que incurra en una quiebra que pueda ser fraudulenta como mucho no podrá obtener un certificado de buena conducta, algo que perjudica a ciertos empleados públicos que necesitan de este requisito para mantenerse en sus cargos.
En cambio, si se los acusara de estafa, según establece el artículo 127 del Código Penal, a quien se lo considere culpable de fraude “será reprimido con prisión de un mes a 6 años”, condena que es excarcelable, pero debe quedar en el legajo de cada empleado público.