Por Gustavo De [email protected]
@Monodemarinis
El terrorismo de Estado no discriminó. No persiguió solamente a militantes sociales, políticos o comunitarios. También arremetió contra muchas personas ajenas a cualquier tipo de accionar que pudiera considerarse subversivo o que a lo sumo tuvieron alguna vinculación familiar o amistosa o cercana o lejana con quienes podrían llegar a ser objeto de persecución. No es nada nuevo esto: mucho se ha dicho y escrito al respecto cada vez que se repasan los hechos sucedidos antes y durante la última dictadura.
Esta situación, de represión indiscriminada, quedó nuevamente en evidencia esta semana en las dos audiencias del megajucio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Tribunales Federales, del que ya han transcurrido 56 jornadas, con 108 testimonios, entre ellos los de 68 ex detenidos.
Gabriela Gutiérrez Fernández es hija de Manuel Alberto Gutiérez y María Eva Fernández, ambos desaparecidos. Gabriela tenía 5 años cuando secuestraron a sus progenitores. Como los grupos de tareas que participaban en aquellos operativos no tenían límites, ni pruritos, ni compasión, ni razón, no dudaron en apuntarle con un arma a la chiquita, que estaba en casa de unos vecinos, para que entregara la llave de su casa.
Alfredo Daniel Hervida jugaba al básquetbol en Pedro Molina. Para 1976 no tenía ningún tipo de militancia ni simpatizaba con ninguna idea política. Como con la nena de 5 años, a los verdugos no les importó nada. Lo secuestraron y lo encerraron en el D2 del Palacio Policial. Allí lo picanearon, golpearon, amenazaron y le hicieron simulacros de fusilamiento. Su derrotero siguió por las unidades penitenciarias de Mendoza, La Plata y Devoto hasta que le dieron la opción de exiliarse y se fue a Suecia. Treinta y ocho años después, la única razón que encuentra para aquel calvario que pasó es que “a ellos les molestaba que en la secundaria participé en el centro de estudiantes de la Pablo Nogués”.
Roberto Azcárate no sólo no militó en nada sino que no tenía idea de lo que se trataba ser militante. Vendía libros de medicina. Apolítico total, un día lo vieron visitar el departamento donde estaba su prima y lo siguieron. Lo secuestraron y fue a parar al D2. Sufrió todo tipo de apremios y torturas. “El único acto subversivo que cometió fue ser mi primo”, afirmó Ana María Montenegro, quien perteneció a la Juventud Universitaria Peronista y a Montoneros, movimiento en los que realizó trabajos sociales y comunitarios. “Como él, hay muchos más que por haber sido conocidos o familiares fueron reprimidos por quienes aceptaron el triste rol de ser genocidas”, reflexionó la mujer, psicóloga y referente de los organismos de derechos humanos locales.
Arrigo Bonino tampoco participó en movimientos políticos o comunitarios. Igualmente pasó casi una semana en el D2 y fue suspendido en la Facultad de Ingeniería. Quizás su delito fue ser amigo de Billy Lee Hunt, músico , estudiante de periodismo y miembro de la Juventud Peronista, actualmente desaparecido. A propósito le preguntaron a Arrigo si alguna vez vio armado a Hunt y la respuesta fue: “Sí… armado de un gran corazón.
Los casos de Gabriela Gutiérrez, Alfredo Hervida, Roberto Azcárate y Arrigo Bonino son contundentes y reveladores: el terrorismo de Estado fue brutal e impiadoso. Lo bueno es que están saliendo a la luz.
