Mendoza Viernes, 24 de agosto de 2018

Nueve casas del IPV están en proceso de desalojo

Se concretaría luego de las reiteradas notificaciones por morosidad y ante la negativa de regularizar la situación.

Facilidades y beneficios para ponerse al día con las cuotas es lo que les ofrece a los adjudicatarios el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que a través del Veraz notificó a unos 2.000 morosos.

Pero más allá de estas notificaciones, hay casos en los que no se efectuó el pago ni se intentó llegar a él mediante alguna de las herramientas que brinda el IPV. Es por ello que desde el organismo informaron que hay nueve casos con pedidos de ejecución hipotecaria, mientras que hay otros 900 expedientes para concretar los desalojos.

"Están en el proceso de normalización, a la espera de que los adjudicatarios ofrezcan alguna alternativa o que se adapten a alguna de las herramientas que nosotros les damos. En el caso de que no exista una situación de máxima vulnerabilidad o imposibilidad financiera sí se procederá al desalojo administrativo y luego se seguirán los pasos judiciales respectivos para lograr recuperar esa vivienda y que tenga como destino a otra familia con necesidad habitacional", explicó Damián Salamone, presidente del IPV, sobre la situación de estas viviendas que están en vías de ser desalojadas.

Sin embargo, el funcionario aclaró que antes de que eso suceda hay una instancia de mediación, porque el objetivo es darle al adjudicatario la posibilidad de normalizar su situación de mora, también teniendo en cuenta la presencia de menores o personas con discapacidad en la familia. "Eso lleva un diagnóstico social y un estudio respectivo, y siempre la persona va a tener la posibilidad de poder regularizar su situación, e incluso lo puede hacer cuando se produzca el desalojo administrativo", sostuvo.

Pero el valor de las cuotas por incumplimiento de contrato, luego de seis meses de mora, se actualizará a UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) el valor de las cuotas.

"Son cuotas chicas que se han ido juntando, y como el Estado nunca actuó sobre estos casos se hizo costumbre no pagarlos", enfatizó Salamone.

Además, el presidente del IPV explicó sobre algunas cuestiones irregulares en las que también buscarán trabajar: "Hay situaciones en las que deben porque nunca se preocuparon por pagar y otras complejas porque las viviendas han sido vendidas, usurpadas o alquiladas. La intención también es hacer un blanqueo y un seguimiento para lograr un ordenamiento, sobre todo de los casos irregulares, como estos que menciono".

"Muy diferentes son aquellos casos en los que la gente no ha pagado porque no ha podido por su condición socioeconómica. Para esto el IPV tiene una contemplación con la posibilidad de sentarse a una mesa de diálogo y ver la posibilidad de planificar a futuro la regularización de su deuda", agregó sobre los casos en los que habrá un tratamiento especial, siempre con el interés de que el adjudicatario pueda saldar su deuda.

Para Salamone la instancia del desalojo, que es la última luego de una serie de notificaciones por morosidad, "siempre existió, lo que pasa es que ninguna gestión lo llevó adelante. Si bien es algo histórico, se hizo muy poco, por eso ahora tenemos la necesidad de ordenar y tomar medidas ejemplificadoras para también satisfacer las necesidades habitacionales, porque hay muchas familias que no pueden acceder a una vivienda que no sea a través del Estado. Y por otro lado tenemos una desidia compartida entre el Estado, histórica, y los adjudicatarios en cuanto a la morosidad".

Combatir la mora es a lo que apunta esta gestión, complementándolo con otros puntos en materia de vivienda, según dijo Salamone: "Teniendo un plan serio no podemos hacer la vista gorda y dejar pasar la morosidad, porque si no estaríamos siendo muy efectivos en algunas cosas y muy débiles en otras. Por eso es importante hacer una revisión exhaustiva y profundizar en un tema donde muchos no lo han querido hacer seriamente, como es esto de la mora".

Es difícil encontrar hechos de desalojos en viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda, y el propio director lo reconoce: "Prácticamente no ha habido desalojos en la historia del IPV, solo pocos casos por usurpación. Pero ahora la decisión está firme y hay nueve expedientes que están muy avanzados".

65.000 créditos activos tiene el IPV, de los cuales el 50% está en mora. Esto equivale a 32.250 créditos y $280 millones. De la mitad de los morosos, 57% paga una cuota menor a $100 por mes; 47% de los deudores deben abonar cuotas de entre $100 y $500 y el 22% paga más de $500.