Definitivamente tenemos leyes que atrasan. Mucho. Y lo peor de todo es que van contra la naturaleza sobre la que tanto se pregona en diversos ámbitos. Paso a explicar.
Días atrás nos enteramos y publicamos que una madre había abandonado a su bebé recién nacido en la maternidad del hospital Lagomaggiore. El dato, espeluznante por donde se lo mire, lamentablemente tenía antecedentes bastante fuleros: esa mujer ya había dejando en las mismas condiciones a otros dos hijos, a los que también había alumbrado en la maternidad pública por excelencia de Mendoza. ¿Qué pasará con ese pequeño?, nos preguntamos. La respuesta fue breve, lapidaria y difícil de digerir: la misma madre que lo parió y que después se marchó, dejándolo a la buena de las enfermeras y de los médicos, tiene hasta seis meses de plazo para arrepentirse, reclamarlo y recuperar su tenencia, y la posibilidad de criarlo. Lo dice la ley, una de esas tantas que van a bordo de una tortuga mientras el mundo y las necesidades de amor de ese desamparado y de quienes buscan adoptar una vida nueva van a 1.000 kilómetros por hora. Mucho se dice de reajustar algunas normativas para que su aplicación sea acorde, ya no al espíritu y a la casuística que las generaron, sino a las necesidades concretas, palpables y mundanas de las personas comprendidas en esos textos, en definitiva, la razón de ser. Dicen los especialistas que todo recién nacido precisa indispensablemente del calor y de los cuidados maternos, más allá de lo que podamos desvivirnos nosotros los padres en esos albores. La madre es irremplazable. Y está bien. Sin embargo, nuestros códigos permiten, a corto, mediano o largo plazo, que esa nueva vida vuelva a manos de la madre que alguna vez decidió (y el motivo está para mí completamente fuera de discusión o análisis) no criarlo y abandonarlo. Entonces, si esa nueva vida es entregada en adopción a personas calificadas para cuidarlo y mimarlo ¿por qué ese nuevo vínculo queda a merced de posibles arrepentimientos y del inminente nuevo desapego? Y ya visto del lado de los pretensos adoptantes, como define el sistema mendocino a los interesados que se anotan en el Registro Único de Adopción con la intención de adoptar a un pequeño: ¿merecen vivir con el corazón en la boca y el temor de que en cualquier momento esa madre abandónica retorne en busca de ese hijo y corte, ya por segunda vez, un vínculo amoroso? Insisto: no voy a calificar a quien abandona a un recién nacido, pero voy a defender a rajatabla los derechos de ese pequeño a tener una buena vida y a conformar una familia de los que se anotan, y esperan añares hasta que por fin los llaman desde el Estado para avisarles que hay un chico en condiciones de ser entregado en adopción. Me duelen los casos de abandono a cualquier edad, y más aún si se trata de nuevas vidas. Mi profesión me ha llevado, en más de veinte años de ejercicio -19 de ellos en este matutino- a toparme con historias de abandono. Y créame que parten el alma. Como a fines de los ’90, cuando en una misma semana dos bebés fueron abandonados en Guaymallén y Ciudad. El primero, en el jardín de una casona que da a la calle Güemes, cerca de la Terminal, estaba en una caja de zapatos. Quienes lo escucharon llorar se acercaron creyendo que era un gatito. El otro bebé, en un ascensor de una galería comercial y de departamentos en calle Buenos Aires, en un canasto, como en las películas. ¿Algún legislador recogerá este guante y se pondrá manos a la obra?
