Mendoza Viernes, 29 de junio de 2018

Más de 1.500 policías fueron sancionados en menos de 3 años

En Mendoza, la desobediencia de las normas del régimen policial y los reiterados casos de violencia intrafamiliar y de género son las principales causas.

La desobediencia de las normas del régimen policial y los reiterados casos de violencia intrafamiliar y de género son las principales causas por las cuales la Inspección General de Seguridad sancionó ya a más de 1.500 policías mendocinos en menos de tres años. Esa cantidad de sumarios alcanza por tanto a más del 16% de los 9.000 uniformados locales. Por faltas más graves y distintos delitos se echó de la fuerza en promedio a 70 efectivos por año, en lo que va de 2018 ya son 40 los cesanteados.

Entre los más sancionados lideran el ranking los auxiliares, que son los que recién se inician en la carrera policial y por ende el rango más numeroso.

"La policía no está cometiendo más faltas que antes, se hacen más controles. Los casos de violencia de género han crecido también porque las mujeres al ver que se les abren puertas, se las escucha, se inician causas y ven que existen sanciones, tienen más confianza en las instituciones a la hora de denunciar circunstancias que antes no se denunciaban, o si se denunciaban no les daban cabida, se les reían", explicó a radio Nihuil el titular de la IGS, Marcelo Puertas.

Otras de las causas que inciden en las sanciones de los efectivos es la recurrente pérdida del arma reglamentaria que les otorga el Estado para trabajar. Esta situación, que el año pasado fue reglamentada de manera tal que el efectivo que perdiere su pistola 9 milímetros debe pagarla, buscó hacer descender esta histórica estadística, también bajo la presunción de que había efectivos que alquilaban sus armas.

Sin embargo, esta tendencia se mantiene, algo que puertas adentro del Ministerio de Seguridad justifican diciendo que se ha blanqueado una situación que antes ni se denunciaba ni se controlaba.

"Todo personal policial, al egresar del Instituto de Seguridad Pública, es provisto de un arma de fuego que tiene que poseer, salvo circunstancias que hagan que se las retire, como es un problema psicológico o de violencia de género, por ejemplo. Pero si llega a faltarle el arma, por hurto o robo, antes no tenían responsabilidades, hoy sí las tienen y tienen que explicar porqué no tienen su arma", amplió Puertas.

La ampliación de la Corte

En medio de las negociaciones con miras al tratamiento del proyecto oficialista de ampliación de la Suprema Corte de Justicia, que se iba a debatir el martes pasado en la Cámara de Diputados, se filtró una situación que rozó a la IGS.

Ofuscados por la falta de quórum que propiciaron en conjunto el PJ y el Partido Intransigente tras la orden de José Luis Ramón, ex de Protectora, algunos radicales salieron a decir que desde el justicialismo estaban negociando nombres de alfiles propios para integrar la IGS a cambio de apoyar el proyecto que desvela al gobernador Alfredo Cornejo desde hace tiempo.

Pasa que por normativa, ese órgano tiene que tener un director presidente propuesto por el Poder Ejecutivo, un director vocal del radicalismo y otro del justicialismo, y desde que comenzó la gestión de Marcelo Puertas, el justicialismo no ha definido quién es su representante en ese órgano de contralor, por lo que continúa ejerciendo ese rol Norberto Parma (hombre de Guillermo Amstutz, referente sólo de una facción del PJ), quien asumió cuando el PJ era oficialismo y remplazó al histórico integrante Félix Pesce.

"Lo que hace el radicalismo con esto es tratar de desviar el tema de lo que supone la ampliación de la Corte, lo que quieren es ensuciar la cancha. No hemos hablado de los integrantes de la IGS, ni nadie ha propuesto ningún nombre, porque no es prioritario para nosotros en este momento. Sí propusimos nuestro integrante para el directorio del Instituto de Juegos y Casinos, que es el ex diputado Pablo Tornello, pero parece que al gobernador no quiere nombrar a nadie ahí, porque no quiere esos controles", disparó el presidente del Partido Justicialista y diputado nacional, Omar Félix, después de conocerse el rechazo del Ejecutivo a esa propuesta.

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