Luego de la polémica por el cambio de exámenes decidieron suspender las evaluaciones para jueces

Oficialmente, las causas de la medida son un misterio y lo seguirán siendo porque los miembros del organismo encargado de la selección de los que quieren ser magistrados tienen prohibido referirse públicamente a los temas y los debates de sus sesiones, ya que son secretas.

Los motivos

Extraoficialmente, en el entorno del Consejo las versiones sobre los motivos que dan origen al cambio del reglamento son diversos.

Algunos afirman que la suspensión fue sólo operativa y que no está atada a ninguna crisis interna.

No obstante, aclararon que modificar la reglamentación de los exámenes es necesario para igualar las posibilidades de los aspirantes a magistrados y que en esto hay unanimidad de criterio en el Consejo. Señalan que el reglamento actual favorece más, a la hora de dar puntajes, a los postulantes que vienen del Poder Judicial y de ámbitos universitarios, mientras que relega a los abogados que día a día trabajan en la trinchera litigando en la mañana y atendiendo su estudio durante la tarde.

Otras voces vinculadas al Consejo, en cambio, creen ver en la suspensión de los exámenes –y así lo sugieren–, una maniobra poco descifrable, impulsada por intereses meramente políticos, calificando la necesidad de cambiar el reglamento como excusa.

Y están aquellos que lo relacionan con el escándalo interno de las numerosas quejas de los aspirantes contra la metodología de evaluar a partir de la resolución de casos judiciales hipotéticos (de laboratorio), exámenes que 9 de cada 10 no pasaban y que por ello, el Consejo decidió en la última tanda, hace más de un mes, exigir que se evaluara con casos reales.

En el llano también hubo alguna polémica dentro del organismo por la suspensión, ya que “colgaba” a los magistrados y funcionarios judiciales que habían hecho uso de sus licencias dejando sus despachos para estudiar y prepararse para las evaluaciones, algo que deberán esperar hasta 2013.

Polémico reglamento

Más allá de las distintas miradas, decanta claramente que el cambio del reglamento que ordena el modo en que se evalúa a los aspirantes es la llave para exigir o ablandar condiciones, favorecer o restringir las chances de tal o cual sector para alcanzar un cargo de magistrado, como también de blindar o abrir la puerta de las roscas y padrinazgos políticos. Por eso, la novedad hizo mucho ruido en los tribunales provinciales y en el mundo de los abogados.

Entre los reparos al actual reglamento que se quiere cambiar está, por ejemplo, que cualquier publicación recibe el mismo puntaje. Es decir, obtienen el mismo puntaje las publicaciones hechas por un jurista o abogado de renombre que aquellas que colgó en un sitio web marginal un juez o un letrado. O se le da puntaje a la función académica y docente pero no a las acciones de carácter social que un abogado aspirante puede haber llevado a cabo en una ONG, con resultados de gran impacto público.

El sistema evaluatorio también está en revisión y no sólo por los exámenes con casos de laboratorio cuya desaparición ya está decidida. Además, se quiere reglamentar los orales y el tiempo que deben durar, ya que esto ha quedado a criterio de las distintas comisiones examinadoras.

De allí que se piensa que algunas quejas sobre los cambios tendrían que ver con que los evaluadores han manejado los exámenes mucho tiempo como han querido y ahora no les gusta que les marquen el terreno.

Diciembre y febrero serán meses para que el Consejo de la Magistratura ponga a punto y alumbre el nuevo reglamento que dicen que se está confeccionando hace un año. Mientras tanto, hasta marzo no habrá exámenes para los aspirantes a ocupar cargos de jueces.