Sara González
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Las dos firmas rusas dueñas del proyecto San Jorge que busca extraer cobre y oro en Uspallata iniciaron la cuenta regresiva para comenzar a operar. Quieren que antes de fines de año el Gobierno de Francisco Pérez de el último envión que falta.
El objetivo que se han trazado es que en el lapso de un año esté la infraestructura lista para comenzar a explotar el yacimiento.
La inversión inicial prevista implica un desembolso de U$S 400 millones, lo que la convierte en la inversión privada de capitales rusos más importante del país.
Esta semana, los máximos representantes de las dos compañías, Pavel Ermolaev, por Solway Group, y Kirril Zimin, por Aterra Capital, estuvieron en Mendoza y se reunieron con referentes del Ejecutivo y con representantes de Asinmet, la entidad que nuclea a las empresas metalmecánicas locales, que podrían ser proveedoras para la edificación del proyecto.
En cuanto a los plazos, los inversores fueron muy directos: quieren que el Gobierno tome la decisión política de avanzar con el último papeleo “ahora”. Así lo expresaron el viernes, durante un encuentro con periodistas. Hay dos motivos fundamentales por los cuales San Jorge está en tiempo de descuento: por un lado quieren que el proyecto empiece a andar antes de 2015 porque saben que el año electoral puede complicar las decisiones políticas; y por otro, buscan aprovechar la coyuntura económica internacional con el precio del cobre en alza. Si el precio baja, deja de ser atractivo para los inversores embarcarse en un nuevo proyecto.
Con oficinas instaladas
Esta semana además la firma inauguró sus oficinas, en un edificio de avenida San Martín, y designó un representante permanente que se instalará en Mendoza para seguir de cerca la evolución del proyecto. Se trata de Taras Nechiporenko, de nacionalidad rusa, pero que habla perfectamente el español.
Nechiporenko destacó la necesidad de que el Gobierno tome la decisión política cuanto antes para avanzar y evitar las complicaciones del año electoral.
El proyecto San Jorge ya cuenta con la aprobación de la declaración impacto ambiental (DIA). Toda la documentación está ya presentada en la Legislatura y desde el Ejecutivo lo único que falta es hacer un acta complementaria donde se acepta que el proceso de extracción se divida y una parte se haga en Mendoza y otra en San Juan. Esta es la alternativa que se acordó con el Gobierno para sortear la resistencia de los sectores antiminería y los roces con la ley 7722. De esta manera la parte más resistida del proceso se haría en territorio sanjuanino, a 22 kilómetros del límite con Mendoza; hasta allí se llevaría la roca en tren.
Ahora será la Legislatura la que deba aprobar la DIA y discutir si acepta este procedimiento de explotación biprovincial –sería el menos resistido– o si inician la discusión para que todo el proceso de explotación se haga en suelo mendocino.