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Lo proponen la UCR y el PRO, previa adhesión de Mendoza a la ley nacional Nº26.052. Para Cassia en cambio debe seguir siendo materia federal, pero con mayores recursos.

Los opositores pidieron a la Justicia de Mendoza que investigue todos los casos de narcotráfico

Los opositores pidieron a la Justicia de Mendoza que investigue todos los casos de narcotráfico

Por Paola Aléale.paola@diariouno.net.ar

Legisladores de la oposición quieren que la Legislatura local se involucre de lleno en el debate acerca de la adhesión a la ley nacional Nº26.052 de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico. Lo hicieron después de las críticas del gobernador Francisco Pérez al funcionamiento de la Justicia provincial y de la respuesta del procurador de la Suprema Corte, Rodolfo González, quien recordó los límites de la competencia de la Justicia provincial para resolver delitos relacionados con la venta ilegal de estupefacientes. Pero, sobre todo, lo propusieron después de que trascendiera que la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, aseguró en el ámbito de la mesa de enlace por la seguridad que Mendoza no adheriría a la norma nacional de estupefacientes por decisión del Gobierno.

Con toda la oposición dispuesta a apoyar la intervención de la Justicia provincial en la investigación de casos menores de venta ilegal de drogas –lo que en la jerga judicial se denomina “menudeo”– y el oficialismo en contra, el tema promete dar que hablar en el ámbito legislativo. De hecho, hay varios proyectos que auspician la adhesión a la ley Nº26.052 y que pueden ser puestos en discusión a partir de mayo. En contra No sólo el Ejecutivo está en contra de que Mendoza adhiera. También está el diputado Daniel Cassia, quien adhiere al Frente Renovador, el peronismo disidente de Sergio Massa. Cassia opina que si en Mendoza cuesta que la Justicia resuelva la problemática de delitos locales, agregarle los casos de competencia federal es asumir que no dispondrá de recursos para dar respuestas ni a unos ni a otros. “Lo que hay que hacer es pedir recursos para la Justicia federal”, afirmó Cassia. En cuanto al ejemplo de Córdoba, donde la adhesión funcionó bien, Cassia aseguró: “Córdoba es una excepción, no la regla”. “En Córdoba hace más de 20 años que funciona un Código Procesal Penal muy ajustado a la realidad. En Mendoza, esa adhesión sólo va a provocar que se eludan responsabilidades”, señaló el diputado del Frente Renovador. Contra el “menudeo” y fármacos ilegales El senador local Gustavo Cairo (PRO) y el diputado nacional Luis Petri (UCR) son dos de los legisladores a favor de la desfederalización del narcotráfico en Mendoza. Ambos argumentan que la adhesión permitiría involucrar más recursos, sobre todo humanos, en esa lucha. “Sumar a Mendoza a la (ley Nº) 26.052 sería una gran posibilidad de intervenir en los casos de narcomenudeo”, sostuvo el radical. Y agregó que además se convertiría en el camino más corto para abordar las situaciones de venta ilegal de fármacos. Para el radical, que Mendoza tenga sólo dos jueces federales habilitados para intervenir en situaciones relacionadas con el narcotráfico es uno de los argumentos para explicar por qué no avanzan las investigaciones y por qué es tan difícil desbaratar bandas locales. “De todas maneras, termina pidiendo la intervención de la Policía provincial porque no tiene recursos suficientes”, señaló Petri. Si la Justicia local se aboca a casos menores de venta de drogas ilegales, la federal podría dedicar sus pocos recursos a la investigación de casos más grandes y a perseguir bandas internacionales. Los fiscales provinciales podrían, por ejemplo, dictar órdenes de allanamiento y actuar con mayor celeridad. Cairo compartió estas motivaciones y explicó que para pedir la adhesión se basó en experiencias exitosas de provincias que se sumaron a esta ley, como Córdoba. En cuanto a auspiciar la discusión, Cairo explicó que deben esperar a mayo, ya que el proyecto fue presentado en diciembre, durante el período extraordinario de sesiones, en el que sólo se discuten proyectos presentados por el Ejecutivo o bien se le puede pedir permiso al gobernador para discutirlo antes de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. En cuanto a los demócratas, creen que el tratamiento de este proyecto no debe acotarse a sumarse o no a la iniciativa nacional. Para ellos, tal y como lo afirmó el diputado Aníbal Ríos, lo importante sería abordar la problemática con un plan diseñado en la provincia. “A nosotros estos problemas nos gusta resolverlos a la mendocina, con ideas y propuestas propias”, soltó Ríos. En EE.UU. preocupan las “cocinas” de droga y los “retrasos judiciales” El Departamento de Estado norteamericano advirtió que, aunque la Argentina es un país de “tránsito” para el narcotráfico, la elaboración de cocaína en “cocinas” en el país es “un problema creciente”. El informe advierte sobre “retrasos judiciales que continúan complicando los procesamientos” contra narcos en el país y que “muchos argentinos creen que los crímenes vinculados con el narcotráfico crecieron”. Además insta al gobierno de Cristina a “dedicar mayores esfuerzos y recursos para combatir” el narcotráfico, y señala al paco como “un problema particular entre los pobres”, aunque apunta que la producción de esta droga en Argentina crece pero a un ritmo “pequeño”.

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