De no aceptar, el ministro Adaro anunció que el Ejecutivo dictará la conciliación obligatoria. El
descuento de los días de paro es una decisión que debe tomar la Corte.
Los judiciales reciben hoy la última oferta salarial del Gobierno provincial
Por Sara González
El Gobierno agotará la negociación cuando ofrezca hoy sus últimas propuestas para tratar determinar el conflicto salarial con los empleados judiciales. Las posturas aún se mantienen alejadas, pero el Gobierno apuesta a mejorar la oferta de aumento salarial de la semana pasada conun ofrecimiento mayor en dinero, más algunas compensaciones paralelas. Esto es, el compromiso dereestructurar los básicos en un plazo de siete u ocho meses y repartir la tasa de justicia, un ítemque representaría –según las cuentas del gremio– $250 extras en marzo y otro tanto en setiembre. El gremio entra hoy en el día número 25 de paro, si se cuentan los fines semana en los que lamedida de fuerza estuvo vigente y afectó seriamente la atención en las oficinas fiscales. Pese a estas nuevas propuestas desde ambos sectores, consideran poco probable que hoy sellegue a un acuerdo, porque la brecha entre lo que piden los judiciales (un aumento del 35% delsueldo, que representa una erogación de $76 millones) y lo que ofrece el Gobierno ($26 millones) esdemasiado amplia. Hasta ayer a la tarde, ambos sectores no cifraban grandes expectativas en el encuentro quetendrá lugar hoy a partir de las 11 en la Subsecretaría de Trabajo. En función del éxito o elfracaso de ese encuentro se evaluará si se dicta la conciliación obligatoria, dijo ayer el ministrode Gobierno, Mario Adaro, una medida que obliga a los empleados a reanudar las actividades ycontinuar con el diálogo. De todas maneras, más allá de las diferencias, van a pesar en la decisión final del gremiolos avisos que mandó el Gobierno: si no hay arreglo, "se dictará la conciliación obligatoria" yademás "se dejará caer la retroactividad del aumento a marzo". La dilación del conflicto ha provocado una catarata de críticas cruzadas entre los dosnegociadores de cabecera: por el lado del Gobierno, Adaro y por el gremio, su titular, CarlosOrdóñez. Ayer, éste criticó duramente los términos en los que Adaro ha llevado adelante lanegociación. "Están dilatando innecesariamente el conflicto. En varias de la reuniones no llevaronpropuestas, en otras pidieron cuarto intermedio y en otras oportunidades ofrecieron menos queantes. Realmente, el ministro no entiende cuánto le está costando a la Provincia este conflicto.Adaro actúa como un calentador del conflicto; funciona a la perfección", ironizó Ordóñez. Además refutó las opiniones del ministro, quien ha venido diciendo que los judiciales seránlos más beneficiados con el aumento propuesto dentro del espectro de los empleados estatales. "Esmentira. Plantea eso para poner a la opinión pública en contra. Pero tengo las simulaciones una poruna", dijo el gremialista. Adaro sostiene que el Estado ha puesto proporcionalmente más recursos en el arreglo a losjudiciales que en el resto de los sectores. "Se invirtieron $50 millones para darles el aumento a10.000 empleados del sector de los no profesionales de la salud y se han ofrecido $26 millones para4.000 empleados. En el primer caso, el costo por empleado es de $5.000 y en el segundo, de $7.000por empleado. Por eso no podemos dar más", sostuvo Adaro. La propuesta rechazada La última propuesta, ofrecida la semana pasada, representaba un aumento de $280 en blancopara la categoría mayor y $290 no remunerativos para todas las categorías, proporcional a cadaclase. A esta última cifra hay que restarle $75 que ya se recibían, por lo que se reduce a $215 noremunerativos ni bonificables. Según los dirigentes gremiales, podría ser aceptable para las clasesmás altas, pero no para el grueso de los trabajadores, ya que para la categoría 25 significan entotal $249 de bolsillo. Día no trabajado, ¿descontado? En todo conflicto salarial, el Gobierno siempre ha manejado el mensaje de que "día notrabajado es un día descontado". Pero, en este caso, como es la Corte quien debe decidir si sedescuentan los días no trabajados, y no directamente el Poder Ejecutivo, la regla no la puedenhacer valer como un factor de presión para acelerar la solución. Esto es lo que, a juicio del Gobierno, ha extendido tanto el conflicto. "Este año, losempleados de la salud sumaron tan solo tres días de paro. La diferencia está en que los empleadosjudiciales apuestan a que no se les van a descontar los días. Tanta garantía hay de que no se lesvan a descontar los días, que ellos no han salido a pedir la conciliación obligatoria. Porque siellos tuvieran el temor al descuento, hubieran sido ellos los que hubieran pedido la conciliación,una medida que retrotrae el conflicto al punto inicial y le impide al Estado concretar descuentos",especuló Adaro. En este planteo hay una queja implícita a la Corte, que no ha jugado del mismo lado que elPoder Ejecutivo, en sentido figurado, dando la posibilidad de que el conflicto se estire.
