Los judiciales reciben hoy la última oferta salarial del Gobierno provincial

alejadas, pero el Gobierno apuesta a mejorar la oferta de aumento salarial de la semana pasada con

un ofrecimiento mayor en dinero, más algunas compensaciones paralelas. Esto es, el compromiso de

reestructurar los básicos en un plazo de siete u ocho meses y repartir la tasa de justicia, un ítem

que representaría –según las cuentas del gremio– $250 extras en marzo y otro tanto en setiembre.

El gremio entra hoy en el día número 25 de paro, si se cuentan los fines semana en los que la

medida de fuerza estuvo vigente y afectó seriamente la atención en las oficinas fiscales.

Pese a estas nuevas propuestas desde ambos sectores, consideran poco probable que hoy se

llegue a un acuerdo, porque la brecha entre lo que piden los judiciales (un aumento del 35% del

sueldo, que representa una erogación de $76 millones) y lo que ofrece el Gobierno ($26 millones) es

demasiado amplia.

Hasta ayer a la tarde, ambos sectores no cifraban grandes expectativas en el encuentro que

tendrá lugar hoy a partir de las 11 en la Subsecretaría de Trabajo. En función del éxito o el

fracaso de ese encuentro se evaluará si se dicta la conciliación obligatoria, dijo ayer el ministro

de Gobierno, Mario Adaro, una medida que obliga a los empleados a reanudar las actividades y

continuar con el diálogo.

De todas maneras, más allá de las diferencias, van a pesar en la decisión final del gremio

los avisos que mandó el Gobierno: si no hay arreglo, "se dictará la conciliación obligatoria" y

además "se dejará caer la retroactividad del aumento a marzo".

La dilación del conflicto ha provocado una catarata de críticas cruzadas entre los dos

negociadores de cabecera: por el lado del Gobierno, Adaro y por el gremio, su titular, Carlos

Ordóñez.

Ayer, éste criticó duramente los términos en los que Adaro ha llevado adelante la

negociación. "Están dilatando innecesariamente el conflicto. En varias de la reuniones no llevaron

propuestas, en otras pidieron cuarto intermedio y en otras oportunidades ofrecieron menos que

antes. Realmente, el ministro no entiende cuánto le está costando a la Provincia este conflicto.

Adaro actúa como un calentador del conflicto; funciona a la perfección", ironizó Ordóñez.

Además refutó las opiniones del ministro, quien ha venido diciendo que los judiciales serán

los más beneficiados con el aumento propuesto dentro del espectro de los empleados estatales. "Es

mentira. Plantea eso para poner a la opinión pública en contra. Pero tengo las simulaciones una por

una", dijo el gremialista.

Adaro sostiene que el Estado ha puesto proporcionalmente más recursos en el arreglo a los

judiciales que en el resto de los sectores. "Se invirtieron $50 millones para darles el aumento a

10.000 empleados del sector de los no profesionales de la salud y se han ofrecido $26 millones para

4.000 empleados. En el primer caso, el costo por empleado es de $5.000 y en el segundo, de $7.000

por empleado. Por eso no podemos dar más", sostuvo Adaro.

La propuesta rechazada

La última propuesta, ofrecida la semana pasada, representaba un aumento de $280 en blanco

para la categoría mayor y $290 no remunerativos para todas las categorías, proporcional a cada

clase.

A esta última cifra hay que restarle $75 que ya se recibían, por lo que se reduce a $215 no

remunerativos ni bonificables. Según los dirigentes gremiales, podría ser aceptable para las clases

más altas, pero no para el grueso de los trabajadores, ya que para la categoría 25 significan en

total $249 de bolsillo.

Día no trabajado, ¿descontado?

En todo conflicto salarial, el Gobierno siempre ha manejado el mensaje de que "día no

trabajado es un día descontado". Pero, en este caso, como es la Corte quien debe decidir si se

descuentan los días no trabajados, y no directamente el Poder Ejecutivo, la regla no la pueden

hacer valer como un factor de presión para acelerar la solución.

Esto es lo que, a juicio del Gobierno, ha extendido tanto el conflicto. "Este año, los

empleados de la salud sumaron tan solo tres días de paro. La diferencia está en que los empleados

judiciales apuestan a que no se les van a descontar los días. Tanta garantía hay de que no se les

van a descontar los días, que ellos no han salido a pedir la conciliación obligatoria. Porque si

ellos tuvieran el temor al descuento, hubieran sido ellos los que hubieran pedido la conciliación,

una medida que retrotrae el conflicto al punto inicial y le impide al Estado concretar descuentos",

especuló Adaro.

En este planteo hay una queja implícita a la Corte, que no ha jugado del mismo lado que el

Poder Ejecutivo, en sentido figurado, dando la posibilidad de que el conflicto se estire.