A partir de lo que sucedió con los subsidios que entrega el Estado provincial a los colegios privados, el gobernador modificó un decreto de la época de Julio Cobos. “Es muy bueno, pero cuando vemos las anomalías nos damos cuenta de que es ambiguo en algunas expresiones e insuficiente en otras”, sostuvo la directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, tras admitir que hay cuatro establecimientos educativos privados subsidiados por la Provincia a los que se les detectaron “anomalías” durante las auditorías realizadas.
Una de las novedades que incluye es el tema del blanqueo a los padres de los aportes que realiza el Ejecutivo, que deberá estar a cargo de las instituciones educativas.
“Al inicio del ciclo lectivo, las escuelas de gestión privada que perciben aporte estatal tendrán la obligación de comunicar fehacientemente a las familias de los alumnos el porcentaje de aporte estatal que la institución recibe, el valor máximo de la cuota que puede percibir por cada alumno, el adicional de actividades extraprogramáticas y en caso de corresponder, los adicionales por el transporte, comedor o guardería, de acuerdo con el formato establecido en el presente decreto” es lo que dice el texto publicado en el Boletín Oficial el 11 de diciembre último y que entrará en vigencia a partir del próximo lunes.
Además establece que “el colegio deberá publicar en la página de internet y en lugar visible del establecimiento la información detallada”.
Otro agregado del decreto Nº2.286 es que a aquellas instituciones que reciban donaciones, contribuciones, fondos de asistencia que sean cobrados directamente por la escuela o a través de fundaciones vinculadas el Estado tendrá pleno derecho a cortarles el aporte que les realiza.
La titular de la DGE aclaró que esto se debe a que “a los efectos de ser justos en la evaluación, lo que hicimos es perfeccionar el decreto existente, sustituyendo algunos de los artículos incompletos por otros”.
Y agregó que “ahora vamos a tener una herramienta para profundizar la investigación, y así que los colegios puedan saber claramente cuáles son las sanciones que les van a corresponder”.
