Mendoza Domingo, 10 de junio de 2018

Lobesia: productores vitivinícolas, en pie de guerra por los costos

Este año deberán aportar la mitad de los gastos de la lucha contra la polilla de la vid. Afirman que no pueden afrontar más cargas, teniendo en cuenta las tarifas y los impuestos

Podría decirse, en pocas palabras, que los productores vitivinícolas están en pie de guerra. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, estuvo en Mendoza para anunciar los aportes que este año hará el Gobierno nacional para combatir la plaga de la Lobesia botrana. Dijo que una parte de lo que cueste la campaña deberán asumirla los privados. Y la noticia no cayó nada bien.

Semanas antes del anuncio, los rumores de que el ajuste en el gasto público alcanzarían a la lucha contra la plaga que afecta las vides habían comenzado a sonar cada vez más fuerte hasta que fue el propio Etchevehere quien anunció los cambios.

El año pasado, en la primera campaña fuerte que se realizó para combatir la polilla de la vid, la Nación envió los fondos -$380 millones- para adquirir las feromonas de confusión sexual y los demás insumos. Lo hizo en cumplimiento de la ley 27.227, que declaró en 2015 al control de la plaga como un asunto de interés nacional. Según esa norma, "los productores vitivinícolas serán beneficiarios de esta ley durante los primeros cuatro años de promulgada y reglamentada la misma. A partir del quinto año, los productores deberán continuar realizando las medidas de control de la plaga".

De acuerdo con el anexo para la reglamentación, los productores de menos de 25 hectáreas no debían devolver al Estado nada durante los cuatro años de lucha. Sin embargo, la ley no se reglamentó y por eso las condiciones este año cambiaron.

Para combatir la polilla y seguir el saneamiento de las vides se necesitan $300 millones. De ese monto, la Nación aportará $100 millones, la Provincia otros $50 millones y los productores deberán pagar $150 millones, es decir la mitad. Quedan exentos de pagar ese canon los productores de menos de 5 hectáreas, no los de 25 como en su momento planteó la ley.

Esta distribución se hizo mediante un convenio que firmaron entre Nación y Provincia y será Irrigación quien incluya en sus boletas el ítem por el que les cobrarán a los productores. El martes habrá un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados para debatir la ley que refrendará ese convenio.

La noticia no fue bien recibida en el sector, cuya estructura de costos es ya de por sí complicada debido a la influencia de diferentes factores que hacen que los productores no puedan levantar la cabeza.En contraLuis Cañas, de la Asociación de Productores en Acción del Este, dijo que están totalmente en desacuerdo con el planteo del Gobierno. "No es una plaga que salió autóctona de Mendoza, ingresó por Chile por malos controles, hay una ley que fue del 2015 que dice que los productores no iban a pagar nada, ahora por la crisis nos terminan poniendo esto", comentó.

Contó que en este momento afrontar un nuevo costo es muy complicado para los productores porque "las bodegas no están cumpliendo con su palabra", ni con los plazos, ni precios para pagar la uva que se les vendió. "Después de la suba del dólar, hemos vendido un producto a un valor que lo vamos a terminar de cobrar el año que viene y los costos van subiendo en dólares porque muchos insumos para curar están en dólares. Por un lado nos van a poner más impuestos y un producto que vendemos a largo plazo sin aumentar", explicó.

Marcelo Serrano, titular de la Sociedad Rural de San Rafael, también se mostró en desacuerdo con la medida y dijo que los productores no fueron consultados y que la decisión fue arbitraria.

"Venimos de un año de cosecha normal y de dos malas, siendo que hay una ley nacional que dice que tiene que cumplirse, para colmo de males se vería perjudicado el programa. El año pasado se hizo muy buena acción; encima (la medida de) recargar al productor en la boleta del agua con más carga de la que ya tiene fue inconsulta y la vemos muy mal", afirmó Serrano.

Dijo que les han anunciado a los legisladores oficialistas que hasta el momento se han mantenido abiertos al diálogo, pero que no van a apoyar este proyecto. "La vitivinicultura es la actividad que en Mendoza es la que más trabajo da, cualquier botella de vino tiene 45% de impuestos de recarga. Con esta medida, al productor que no paga no le van a dar los insumos, no va a poder entregar la uva en bodega y le quitarán el número de CUIT, pasamos a ser delincuentes", aseguró.

La Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem) también emitió un comunicado en el que apoya la campaña contra la Lobesia botrana pero rechaza cualquier tipo de cobro a los productores como se pretende.El mal menorPara Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, es necesario combatir la polilla de la vida porque si no las pérdidas serían mucho mayores a los costos para pagar la lucha contra la plaga. "Hay muchos que están enojados porque están en un contexto de atraso de pagos, también es cierto que tenemos costos volátiles, pero si no encaramos el tema, la polilla sale y te come", opinó.

Dijo que llevarán la idea de ampliar la franquicia por la que no se pagará nada de cinco a diez hectáreas y que con eso estarían cubiertos todos los productores chicos.

"Si vos curás y tu vecino no cura, no sirve. En agosto hay que arrancar, un mes antes hay que comprar los insumos, sí o sí hay que definirlo. Yo también estoy enojado, desgraciadamente siempre pagamos nosotros. En nuestra asociación todos putearon pero igual dijeron que vayamos para delante. Somos 360 productores con 8.000 hectáreas en total", afirmó.