Es el camarista federal de Mendoza Otilio Romano, quien apuntó a los organismos de derechos humanos locales.

Ley de Medios: un juez denunció presiones

Por UNO

Al mismo tiempo que se conoció la confirmación de la suspensión total de la aplicación de la ley demedios audiovisuales por parte de la Cámara Federal de Mendoza, un juez de ese alto tribunal

denunció que fue "presionado por los organismos de derechos humanos" para fallar contra la

suspensión. El camarista Otilio Romano, además, deslizó sospechas sobre la vinculación con su

actuación en el caso de un robo de documentos y una computadora perpetrado mediante "una operación

comando" en su domicilio el viernes pasado.

El magistrado mendocino ventiló sus denuncias a través del diario La Nación, tras informar de

las presiones por carta al presidente de la Asociación de Magistrados Federales, Ricardo Recondo.

La ley de medios fue suspendida el 21 de diciembre por la jueza federal de primera instancia de

Mendoza, Olga Pura Arrabal, mediante la aplicación de una medida cautelar.

El jueves se conoció la confirmación de ese fallo por parte de la cámara integrada por

Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra.

"Las presiones de los organismos de derechos humanos comenzaron el 28 de diciembre cuando

recibí la causa de la ley de medios; yo las atribuyo a presiones para que votara en favor de la

norma", le dijo Romano al diario La Nación.

"Además –prosiguió–, extraños ingresaron en mi casa y en un operativo comando, en apenas

siete minutos supieron desactivar la alarma y me robaron sólo la computadora y documentos, cuando

podrían haberse llevado cosas de mucho valor\\\\\\\".

El juez mendocino sospecha que ambos hechos están relacionados con su participación en la

ruta judicial de la ley de medios que impulsó el kirchnerismo y fue aprobada en el Congreso en

medio de una furiosa disputa entre el oficialismo y sus aliados ocasionales y la oposición.

"El 28 de diciembre recibimos el expediente y ese mismo día organismos de derechos humanos

hicieron una manifestación frente al tribunal. Además, me denunciaron ante el Consejo de la

Magistratura porque supuestamente cuando fui fiscal federal durante el gobierno democrático de 1974

y 1975, antes del golpe, no detuve violaciones de los derechos humanos. Mis colegas habían sido

denunciados con anterioridad", afirmó Romano al matutino porteño.

"Atribuyo esas denuncias, a las que se sumó el gobierno de Mendoza, a un intento de

presionarme claramente por la ley de medios. Y, además, no sé si el robo es un hecho común o un

operativo, pero me llama la atención que un grupo de extraños haya obrado con tanta precisión en

siete minutos", deslizó el camarista.

El fallo de la Cámara Federal de Mendoza contra la ley de medios cuenta con el voto unánime

de los tres camaristas, todos cuestionados por los organismos de derechos humanos con actuación en

la provincia.

Además de objetar el accionar de Romano en la década del '70, los organismos defensores de

los derechos humanos cuestionaron el trabajo de los camaristas federales en la causas contra los

represores, las cuales aún no llegan a juicio por la recusación de los familiares de las víctimas

hacia los magistrados.

La sentencia de la Cámara Federal de Mendoza confirmando la suspensión de la aplicación de la

ley de radiodifusión fue un duro revés para la estrategia oficialista contra los medios. Tras

conocerse el fallo el Gobierno dijo que apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El gobernador pidió que haga la denuncia penal

El gobernador Celso Jaque salió a replicar al camarista federal Otilio Romano, quien rozó al

Gobierno en su denuncia sobre las presiones que ejercieron los organismos de derechos humanos para

que votara en contra de la suspensión de la aplicación de la ley de medios.

"Los jueces son la última garantía de los ciudadanos que viven en un país, por eso que un

juez federal diga que se siente presionado por cualquier sector es de una gravedad institucional

elevada", esgrimió ayer Jaque durante un desayuno con los periodistas acreditados.

"Lo lógico sería que este juez hiciera la denuncia penal correspondiente, en la cual lo

acompañaríamos", remarcó. "Sería muy malo que alguien en lugar de tener que dar su sentencia

ajustado a la ley lo haga usando las presiones que de uno o otro lado pueda tener", agregó Jaque.

"Si él se ha sentido presionado y tiene las pruebas, tiene que hacer la denuncia. A lo mejor

hubiera correspondido la excusación", remató.