El senador Gustavo Valls (PJ Federal) y la diputada Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) pidieron el juicio político para el juez de la Suprema Corte de Justicia Carlos Böhm.
Es por el caso en el que la jueza Stella Maris Ontiveros cobró $800.000 en 2013 por un accidente laboral ocurrido en 2001. Plantearon que el magistrado incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Legisladores pidieron juicio político para el juez de la Suprema Corte de Justicia Carlos Böhm
Por tratarse de un integrante del máximo tribunal provincial de justicia, Böhm no debe afrontar un Jury de enjuiciamiento previo, sino directamente el Juicio Político que decidirá finalmente su destitución o continuidad en su función.
El pedido de Juicio político se basa en el caso por el cual la jueza Stella Maris Ontiveros cobró $800.000 en 2013 por un accidente laboral ocurrido en 2001.
El argumento de los legisladores para acusar al magistrado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, es una supuesta irregularidad cometida por Böhm.
Según los legisladores el integrante de la suprema Corte se inhibió cuando se le inició un pedido de Jury de Enjuiciamiento a Ontiveros que llevaba cinco años sin ir a trabajar.
Ontiveros zafó del Jury y comenzó un juicio contra el Estado provincial que finalmente llegó a la Suprema Corte, ganó y cobró $800.000. En este caso Böhm avaló la decisión de indemnizarla (no se inhibió).
La semana que viene el pedido de Juicio Político entrará en labor parlamentaria, si en esa instancia se encuentran motivos suficientes, comenzará el Juicio Político para la destitución de Böhm en la Cámara de Diputados.
Con dos tercios de los votos será suficiente para que el Juicio político pase a la Cámara de Senadores, la que finalmente tendrá la decisión final sobre la destitución o no de Böhm.
Larga historia
Según consta en el expediente judicial Nº33.848, la jueza stella Maris Ontiveros se encontraba en su despacho, ubicado en el edificio de la calle San Martín al 322 de Ciudad. Cerca del mediodía se levantó para ir a otro despacho a firmar unos cheques que estaban sobre otro escritorio. Fue entonces cuando Ontiveros se levantó y “en forma imprevista e inesperada tropezó, y enganchó su pie derecho en los cables del portaenchufes donde se conectan los elementos electrónicos de telefonía”.
Esto le significó una intervención quirúrgica y le dejó una incapacidad física del orden del 52.80%, de acuerdo con los estudios médicos que fueron presentados y que forman parte del expediente.
También en la demanda la magistrada manifestaba que la operación no fue en un principio cubierta con la ART Prevención y señala que padece “distrofia simpática refleja y síndrome de Sudek”, padecimiento que la llevó a efectuar consultas en los Estados Unidos.
Siempre dentro de las alternativas que tuvo su caso, existió un detalle no menor: Ontiveros estuvo cinco años sin ir a trabajar. Cuando se enteró de que la Suprema Corte de Justicia le iba a hacer un Jury de Enjuiciamiento para analizar si se la destituía por este motivo, el 4 de octubre del 2007 sorpresivamente se reincorporó para evitar que el máximo tribunal la destituyera del cargo. Objetivo que consiguió.
El fallo
En 2012, el fallo de la Segunda Cámara del Trabajo benefició a la jueza del 8º de Paz Stella Maris Ontiveros con la exorbitante suma de $ 4.638.000 (el equivalente a un millón de dólares en ese momento) por daños y perjuicios, al haber sufrido un accidente laboral que le produjo la fractura del menisco de la pierna derecha. La ART Prevención y la Provincia fueron los responsables de pagar el monto.
Esta resolución, que causó un profundo malestar en los propios pares de la magistrada, tuvo muchos vaivenes a partir del 12 de agosto del 2001, cuando dejó de trabajar.
El fallo dictado por la Segunda Cámara del Trabajo, integrada por José Balducci, Enrique Catapano y Jorge Guido Gabutti (quien era subsecretario de Justicia cuando el actual miembro de la Corte Mario Adaro era ministro de Gobierno) no tenía comparación con otros fallos –incluso con casos de muertes–, en los que ni las personas indemnizadas ni sus familias recibieron una suma de estas proporciones. El más alto que se recuerda a nivel local es el caso de un joven que quedó parapléjico y le pagaron la suma de $1,8 millones.
En 2013 los condenados a semejante pago presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, que avaló la decisión favorable a Ontiveros pero con una indemnización de $800.000.
La decisión contó con la firma de Carlos Böhm, entre los integrantes, quien se había inhibido cuando se le quiso iniciar el Jury a Ontiveros.
