Las víctimas de delitos sufrieron el paro de las oficinas fiscales

Luján de Cuyo, Maipú y el resto de las dependencias. Tal panorama se vivió el fin de semana en las

oficinas fiscales del Gran Mendoza como consecuencia del paro de empleados del Poder Judicial.

"He venido cuatro veces esta semana y me han dicho que vuelva otro día. Estoy intentando

denunciar la desaparición de mi hija de ocho años, que se fue con el padre el miércoles y no me la

ha devuelto. Estoy desesperada", argumentó Marina Márquez (26), quien intentaba sobrellevar su

angustia en la Oficina Fiscal N°9, en calle Libertad de Guaymallén. Como ella, una docena de

personas permanecía en ese lugar, según los propios testimonios, después de haberse presentado en

reiteradas ocasiones y de haber aguardado siempre entre 5 y 6 horas.

La situación, con diferentes características, se repitió durante el fin de semana en las

distintas circunscripciones por el conflicto de los empleados –de casi diez días–, que exigen al

Estado local una suba en sus salarios del 35% (ver aparte).

En principio se dijo que serían los fiscales quienes garantizarían el servicio, pero en la

mayoría de los casos las autoridades se atuvieron a concretar una guardia pasiva, comprometiendo su

asistencia sólo ante situaciones de complejidad.

El funcionamiento estuvo a cargo de los ayudantes fiscales y los auxiliares, que se

presentaron de a uno o dos por turno.

Autoservicio de denuncias

Uno de los más llamativos fue el caso de la Oficina Fiscal N°13, ubicada en la Cuarta Sección

de Ciudad. Allí, según informó una de las ayudantes fiscales que prestaba servicio y prefirió no

ser identificada, para evitar el colapso se optó por pedirles a los efectivos policiales que

labraran las actas. Incluso, ante la ausencia de los mismos, se les sugirió a las víctimas que en

casos de hurtos simples dejasen constancia de su puño y letra del hecho a denunciar.

Una situación similar se vio en la Oficina N°1, de Ciudad, donde aclararon que se trata de

una metodología que se sigue siempre cuando el servicio es de guardias mínimas.

Las demoras fueron predominantes en Guaymallén. Cecilia (pidió resguardar su apellido), una

vecina de la oficina novena, contó que el domingo 4 de abril robaron en su casa y desde entonces no

pudo radicar la denuncia. "Tengo un plazo de 72 horas para presentar el certificado del

procedimiento policial al seguro y todavía no tengo respuesta", apuntó.

Sólo un cartel sobre el mostrador les informaba a los denunciantes que el personal había

adherido al paro y por ello tenían prioridad los hechos graves. "No se tomarán audiencias ni se

otorgarán constancias", detallaba el escrito.

El poco movimiento en la Oficina N°10, frente a la plaza central de Maipú, apuraba la

impresión de que la seguridad había invadido la comuna.

Pero, rápidamente, una ayudante fiscal revirtió esa primera sensación de aparente

tranquilidad. "La gente ya sabe que estamos de paro. Les dijimos que no vengan, salvo que se trate

de un delito grave", reconoció la funcionaria judicial.