Por Natalia Sosa [email protected]
En apenas 15 días, la Dirección General de Escuelas (DGE) se ha visto envuelta en graves escándalos que han tenido diversos protagonistas dentro de las instituciones y a la luz de los acontecimientos queda la sensación de que las respuestas oficiales llegaron siempre tarde. E incluso en algunos casos aún no se conoció ninguna resolución.
Me refiero a la denuncia de acoso escolar que dio a conocer Diario UNO a principios de mes, cuando la mamá de una alumna que asistía a la escuela Patricias Mendocinas decidió hacer público el maltrato que sufrió allí su hija. Como consecuencia, tuvo que cambiarla de colegio ya que fue la única salida que le quedó para proteger la integridad de su pequeña ante el desinterés de las autoridades.
Lo más insólito fue la actitud de la directora, quien en lugar de enfrentar el problema lo minimizó y le dijo a la periodista Cecilia Osorio, de este medio: “Esa nena tiene un gran conflicto: su mamá es rubia y su papá de sangre es de raza oscura; ella es morochita. Y su madre se hace más problema que la niña. Viste cómo son las nenas. Estamos hablando de alumnas de quinto grado que por ahí hacen chistes, se ponen apodos, por más que uno vaya tratando estos temas de que no hay que burlarse”.
El hostigamiento sufrido por la menor –recibió insultos de adultos de todo calibre– incidió no sólo en su comportamiento, sino también en su rendimiento escolar, lo que pudo revertir en su nueva escuela, donde encontró la contención que necesitaba.
Mientras tanto, la Junta de Disciplina de la DGE todavía no se expide sobre el comportamiento de la directora de la Patricias, teniendo en cuenta que no siguió ninguna de las precauciones que se deben tomar cuando se trata de un caso de bullying. Precisamente, la DGE está terminando de ajustar el protocolo para aplicar en diversas situaciones de violencia, al margen de que los borradores ya circulen por las escuelas.
El revuelo en la Patricias Mendocinas fue tan grande, que muchos medios nacionales tomaron la noticia y le dieron un amplio espacio tanto en ediciones digitales como en programas de TV. Además, en las redes sociales abundaron los comentarios criticando con dureza a la directora.
Una semana más tarde, Diario UNO también sacó a relucir una serie de libros con contenido y lenguaje sexual explícito que se habían repartido en las secundarias, provenientes del Ministerio de Educación de la Nación. Osvaldo Calvente, director de la Escuela Técnica Nº4-108 Guillermo Villanueva, de Maipú, fue quien mostró lo que había encontrado en las cajas que le mandaron. Al revisar los textos, halló dibujos en los que se mostraban tanto a hombres como a mujeres desnudas teniendo relaciones o insinuándolas. También se veían imágenes de zoofilia, consumo de drogas y uso de armas, entre otras cosas que alarmaron a muchos otros docentes y padres.
La primera reacción de la DGE fue decir que ellos no tenían nada que ver con los polémicos materiales y que cada educador debía decidir si los libros eran aptos para sus estudiantes. Al día siguiente ordenaron sacar los ejemplares de las bibliotecas escolares porque “no aportaban nada a la calidad educativa”. En el medio, la Nación había salido a defender las publicaciones de los historietistas, al igual que la editorial Colihue, que trató a los mendocinos de “retrógrados”.
Ahora, una denuncia de un supuesto abuso sexual en un jardín de infantes de Las Heras vuelve a poner en tela de juicio el accionar de la DGE. Esto, porque recién ayer se resolvió separar del cargo a la docente acusada cuando en realidad la denuncia judicial había sido realizada el 5 de abril pasado. El viernes de la semana pasada se conoció otro hecho similar protagonizado por la misma maestra, lo que el jueves generó una protesta de parte de un grupo de padres indignados por la situación y este viernes se sumó una tercera. Me pregunto si no se podría haber apartado del aula a la docente antes, mientras durara la investigación judicial.
