Por Paola [email protected]
@paolapiquer
El jueves Mendoza quedó semiparalizada cuando el ministro de Salud, Matías Roby, confirmaba a los medios de comunicación que su cuñado, Marcelo Manino, había asesinado a su hermana, Mariana Roby, y que luego el hombre se había suicidado. Todo ocurrió en el Hospital de Día, de Palmares, pasadas las 13.
“Crónica de una muerte anunciada”, sentenció el mismo funcionario un día después.
Para entonces, el drama de la familia Roby ya había colocado el tema de la violencia de género en primera plana.
De todos los datos que arrojaron los expertos que fueron consultados sobre la problemática en las últimas horas, algunas estadísticas grafican con precisión la magnitud del problema al que nos enfrentamos como sociedad. A saber:
*En el país, muere una mujer cada 33 horas víctima del maltrato que le inflige su pareja o un familiar de su entorno más cercano. Alarmante.*Al teléfono 144, línea dispuesta para orientar a las mujeres respecto de qué pasos seguir para terminar con una relación enfermiza, se recibieron de setiembre de 2013 a la fecha 1.600 consultas, lo que coloca a Mendoza en el tercer puesto –luego de Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires– con más pedidos de ayuda a ese número.
*En la Oficina de Asistencia Jurídica de Violencia contra la Mujer (Ofavmu), que funciona en el Poder Judicial, en lo que va de 2014 han actuado en 1.200 casos, lo que significaría unos 5 por día, suponiendo que trabajaran sábados, domingos y feriados. Pero esas 1.200 intervenciones no son la totalidad de la “demanda”. “Si llega mucha gente en un mismo momento, materialmente no es posible atender al 100%, entonces se seleccionan los casos más graves. Pero resulta que a veces, los que aparentemente no son graves de repente lo son, porque no sabemos cómo puede actuar el agresor”, le confesó Stella Spezia, la coordinadora del organismo a la periodista de Diario UNO, Carina Luz Pérez.No es erróneo entonces concluir que son miles y miles las mujeres que se acercan a los organismos del Estado en busca de ayuda, desesperadas porque ya no pueden soportar las torturas físicas y psicológicas que las tienen como protagonistas.
Pero el Estado no sólo no tiene ni los recursos económicos, ni de infraestructura, ni de profesionales idóneos para contenerlas, sino que, a veces, simplemente mira para otro lado.
En abril de este año, en esta misma columna, yo celebraba que Mendoza había dado un paso trascendental porque la Legislatura acababa de convertir en ley un proyecto obligando al Ejecutivo a crear el cuerpo de patrocinio jurídico gratuito para todas aquellas personas que padecen violencia de género. Se conseguía así poner fin a un vacío legal inexplicable que se daba en estas circunstancias: las víctimas, de querer avanzar con un proceso judicial, debían pagarse su propio abogado. En cambio, los victimarios gozaban de asesoramiento sin cargo.
¿Usted se ha enterado de que hayan reglamentado la norma? ¿No? Yo tampoco. Pasaron ya 4 meses.
Tras el caso Roby, también nos enteramos de que en la Legislatura duerme desde hace 2 años un proyecto para declarar la emergencia en violencia de género y otro para crear un registro de las personas que tienen exclusión del hogar y prohibición de acercamiento.
Ninguna de las tres ideas solucionaría el problema de fondo.
Pero que no haya habido voluntad política de avanzar en ellas, en su debate al menos, demuestra que el tema no es prioritario en la “alta política”. Algún día ¿lo será?
