Por Alejandro [email protected]
En la antigua Grecia 281 de 501 heliastas, miembros del jurado, encontraron culpable a Sócrates, el más sabio y justo de todos los hombres según su discípulo Platón.
Una ironía del enjuiciado filósofo en la propuesta de la pena a recibir, aumentó la mayoría a 360 en el castigo final de muerte por suicidio, que pasó a la historia como una lección de vida antes que como sanción ejemplar. Paradoja de las penas.
En la misma época el comediógrafo Aristófanes satirizó en Las avispas esa forma ciudadana de justicia por estar el aguijón represivo al servicio de los caprichos del tirano Cleón de Atenas.
Cuando fueron delito la huelga y no arriesgar la propia vida en el genocidio de Vietnam, los jurados norteamericanos absolvieron a obreros y jóvenes disidentes. En la década de los ´90 del siglo pasado esa institución popular de California encontró “no culpable” al actor y estrella de fútbol americano O. J. Simpson del cargo de homicidio en contra de su mujer y amigo.
Dos años después un jurado civil del mismo Estado federado lo condenó por ese homicidio a pagar decenas de millones de dólares.
En 2008 un jurado de Villa Dolores, Córdoba, absolvió a la empleada doméstica Eli Díaz por la muerte de su hijo recién nacido, producto de la violación reiterada cometida por su empleador empresario.
Los dos jueces profesionales integrantes de ese jurado votaron por la condena. Poco tiempo antes por un hecho similar Romina Tejerina mereció una pena de 14 años de prisión impuesta en Jujuy por una justicia exclusivamente técnica.
No son los únicos desconcertantes ejemplos de la historia juradista y, aunque el registro de los tribunales profesionales multiplica el desconcierto, las preguntas son inevitables. ¿Son represivos o lenitivos los jurados populares? ¿Sus integrantes, ciudadanos comunes sin formación jurídica, son más o menos justos que los hombres versados en leyes y prácticas forenses o curialescas?
Para que los habitantes de Mendoza empiecen a formularse estos interrogantes milenarios, se realizó un simulacro de juicio por jurados en la Universidad de Congreso con la colaboración de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
El jurado fue integrado con doce miembros elegidos por sorteo de una lista de voluntarios que superó la media nacional de experiencias similares en el resto del país, provenientes de distintos departamentos de la provincia y con edades, oficios e inquietudes también diversas.
Como en la realidad de las películas norteamericanas, ninguno de ellos conocía los pormenores del caso a juzgar y a medida que llegaban a la universidad se los separó en una sala aislada.
El rol de juez técnico fue desempeñado por el integrante de la Segunda Cámara del Crimen José Virgilio Valerio, el de acusador por el fiscal de la provincia de Buenos Aires Guillermo Nicora y el de defensor por el ex defensor oficial chileno Jonathan Ramirez, ambos especialistas y capacitadores de esta forma de justicia penal.
Una mujer maltratada durante los diez años de matrimonio le dio muerte a su marido con tres tiros en la espalda mientras dormía. Los roles de imputada, testigos y peritos fueron representados por los actores del elenco de Rubén Scatareggi e Ivana Catanese. Tan real fue el simulacro que en un público acostumbrado a representaciones teatrales y judiciales, hubo conmoción y lágrimas en momentos especiales de la audiencia.
Una de las críticas a este rito judicial es por la demora en la resolución de los casos. Menos de tres horas consumió la etapa de prueba con una calidad de información inusual en los procedimientos penales mendocinos, gracias a la destreza con que fueron examinadas las siete declaraciones. Sólo la mañana del jueves 16 de octubre fue necesaria para que todos los presentes conocieran las dos hipótesis en pugna, debido también a dos alegatos precisos y claros, dirigidos al jurado lego y al magistrado, a la sociedad e imputada.
Al mediodía el jurado se retiró a deliberar y su regreso fue el momento más esperado y estimulador de dispares conjeturas entre el público. No obstante, el veredicto sorprendió a todos. No se alcanzó la unanimidad para la condena por ocho votos de inocencia contra cuatro de culpabilidad.
Ya en el backstage de la dramatización puesta en escena, la explicación del “pueblo de Mendoza” de cada uno de los votos renovó la esperanza en la participación comunitaria en los asuntos de orden público. “Qué difícil es juzgar”, “no es fácil ponerse de acuerdo”, “los dos estaban enfermos, el marido alcohólico y la mujer maltratada”, “estar acá fue un sueño, a pesar de que en estos momentos mi hijo está siendo operado”, “antes que criticar hay que participar, más si queremos justicia”, “quise dar mi opinión”.
Un miembro del jurado se desilusionó por no llegar a un veredicto, pero en la falta de unanimidad residió la poderosa enseñanza cívica del simulacro. En democracia la verdad es un producto colectivo incluso en un proceso penal, a construir desde la tensión entre mayorías y minorías, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres.
Negar la tensión democrática en el espacio donde se discute la existencia de un hecho humano y sus motivos o sinrazones, es imponer la fuerza aunque esté revestida de saber técnico pacificador.
A no preocuparse tanto, porque en este modelo de justicia penal hay siempre un magistrado frente al ciudadano juzgador, y viceversa.
