Por Marcelo Arce
La Unión Cívica Radical en pleno insistió ayer en que Francisco Pérez debe hacer un “riguroso ajuste fiscal”, a la vez que reiteró su pedido para que el Gobierno retire de la Legislatura su proyecto de Presupuesto 2014, para redactar uno nuevo que deberá incluir un planteo opositor para que se destinen con exclusividad a obras de infraestructura y compra de equipamiento algo más de $700 millones que cobrará la Provincia este año por ingresos no previstos de regalías petroleras producto de la reciente devaluación.
En un cónclave que se realizó en la sede de la calle Alem y en el que estuvieron Alfredo Cornejo, el presidente partidario Sergio Pinto y los legisladores nacionales Julio Cobos, Enrique Vaquié, Laura Montero, Patricia Giménez y Luis Petri, entre otros dirigentes, los radicales reiteraron su negativa a tratar la pauta de gastos tal como fue presentada en diciembre y renovaron sus ataques al gobernador por este proyecto.
“Es condición sine qua non para que aprobemos el Presupuesto que el gobernador retire su proyecto, lo reformule y presente uno nuevo que incluya un plan de riguroso ajuste fiscal para eliminar todos los gastos improductivos. No va a recibir más plata de la Nación, no va a poder aumentar impuestos y además tampoco va a poder tomar créditos porque son usurarios”, reiteró Cornejo.
Ante el reinicio de las sesiones legislativas, previstas para febrero, la discusión por el proyecto de ley del Presupuesto 2014 está al tope de la agenda, luego de que el radicalismo rechazara su sanción en Diputados en diciembre y de que unos días después el Senado lo enviara a comisiones para intentar llegar a un acuerdo entre Gobierno y oposición. El punto central fue la negativa de los radicales de otorgar al Ejecutivo una autorización para endeudarse por $1.700 millones. En medio de este debate, surgió una nueva discusión: qué hacer con el cobro extra de regalías petroleras que ingresarán este año y que son fruto de la devaluación.
Tanto Pérez como su ministro de Hacienda, Marcelo Costa, ratificaron a mediados de esta semana que el Gobierno no retirará el proyecto de Presupuesto 2014 e insistió en que intentará llegar a un acuerdo con la oposición. Aunque, a la par, surgieron otras alternativas que rozan la inconstitucionalidad: ante la negativa opositora de dar el sí, el Gobierno o bien podría echar mano a la Ley de Contabilidad para poder endeudarse o bien podría manejarse con el Presupuesto 2013. Esto le permitirá manejar a discreción la recaudación impositiva, pero no le permitirá tomar nueva deuda ya que indefectiblemente precisa de la aprobación de los dos tercios en la Legislatura.
El “plan B” radical
La novedad fue que se presentó ayer un plan alternativo, desarrollado por Vaquié, para que el Gobierno haga “un buen uso” de las regalías petroleras que cobrará en 2014. El Gobierno estimó que aportarán al fisco unos $1.600 millones, cálculo que se realizó en noviembre y con un dólar que apenas superaba los $6. Ahora bien: con un dólar que ya superó la barrera de los $8, se calcula que Mendoza recibirá por regalías no menos de $2.300 millones. De esta diferencia de poco más de $800 millones, un porcentaje (algo más de $100 millones) irá a los municipios. El resto, casi $700 millones, quedará para la Provincia. Sobre esto, radicales y Gobierno difieren en su uso.
El ministro Costa deslizó en los últimos días que ese dinero podría servir para tapar baches financieros. En este caso, el pago de los intereses de la deuda, que subirán fuerte producto del nuevo precio del dólar.
A través de la redacción de cinco artículos que piden sean incluidos en el nuevo proyecto de ley de Presupuesto, la UCR apunta a dotar de plata al Fondo de Infraestructura Provincial, creado en 1997 y que hoy cuenta con $55 millones.
El “plan B” incluye desde la prohibición de realizar transferencias de erogaciones de capital a erogaciones corrientes, que los gastos corrientes no puedan crecer más que los ingresos y poner “un doble cinturón de seguridad” para que el Gobierno no utilice los $700 millones en pagar salarios, por caso.
Uno de ellos es que las cuentas corrientes que se integran con ingresos con afectación específica no podrán ingresar al Fondo Unificado. Es decir, que no podrán ser aprovechados por el Ejecutivo para otra cosa que no sea obras o equipamiento.
