Marcela Fernández, la subsecretaria del área, hizo un primer diagnóstico de lo que dejó la gestión anterior. Detectan desvíos de fondos, centenares de casos sin resolver en el OAL y datos inciertos sobre
La subsecretaria de Desarrollo Social y la pesada herencia de Pérez: habló de desvíos de fondos para fines políticos
Al escuchar a Marcela Fernández, subsecretaria de Desarrollo Social, se hace evidente que la deuda financiera de Mendoza, los desaguisados en torno a la Villa Deportiva o la proliferación de contratos de personal no serían la peor herencia que dejó el gobierno anterior, si se tiene en cuenta la vulneración de derechos de niños, adolescentes, discapacitados y adultos mayores.
Desvíos de fondos para fines políticos, pases a planta de personas sin formación adecuada para la responsabilidad que conlleva su función, como es decidir el destino de un menor, centenares de casos derivados a los órganos administrativos locales sin una sola mirada por parte de los operadores para determinar si esos niños corren peligro, pedidos de paraderos de adolescentes sin una clara resolución y espacios en hogares inadecuados son algunos de los problemas detallados por Marcela fernández, nueva subsecretaria de Desarrollo Social.
Para desmenuzar el diagnóstico, Fernández arrancó por advertir que “lo que pasó en esta área no es muy distinto a lo que pasó con el resto de la administración de toda la provincia. Por eso digo con toda certeza que en las actuales condiciones, el Estado vulnera derechos de quienes tiene bajo su tutela”. Destino predilecto: Guaymallén Una de las primeras medidas tomadas por Fernández fue recuperar 72 expedientes de la unidad ministerial que estaban dando vueltas en diferentes oficinas, incluso en Tesorería con órdenes de pago, para revisarlos. En el abanico de cosas encontradas están desde la compra de una amasadora hasta subsidios directos a personas o microemprendimientos por $250 mil, o pagos de módulos alimentarios por $450 mil, los cuáles no corresponden a programas instituidos formalmente sino a decisiones políticas del ex subsecretario de Desarrollo y Comunidad, Rafael Moyano. “Si uno ve la cartera de subsidios, destinatarios, asociaciones, todas las estadísticas muestran que gran parte de ellos se iban para Guaymallén porque el subsecretario del área, es hoy concejal de ese municipio. Estamos hablando seriamente del destino de esos fondos que deberían haber llegado a garantizar derechos de quienes tenemos bajo la guarda y no llegaron”, detalló Fernández. Y agregó que “de los expedientes mencionados, la ayuda directa va en plata desde los $4.000 hasta $220 mil. Incluso uno de estos subsidios tiene una fotocopia del DNI del ex intendente Luis Lobos”. No se descarta que estos hechos sean puestos bajo la lupa de la Justicia.El pacto Luego de la muerte a golpes de Luciana Rodríguez (3 años), tras lo cual quedó probado que el Estado había ignorado los signos de alarma anteriores al desenlace, el gobierno de Pérez lanzó el Pacto por la Niñez con el que se destinaban fondos para suplir las falencias de personal y de infraestructura. Lo cierto es que fueron incorporadas 396 personas a los órganos administrativos locales (OAL) y sólo el 25% de ellas fue destinada a desempeñar sus funciones en territorio. El resto quedó en áreas administrativas dentro de la DINAF (Dirección de Niñez, Adolescencia y familia), en mantenimiento o en algunas adscripciones fuera de del ministerio dirigido por Cristian Bassín. Pero lo más grave para Fernández “es que quienes quedaron frente a la tarea de evaluar la situación de un niño o un adolescente cuando hay llamados de emergencia, en su mayoría no son profesionales, ni tampoco recibieron una capacitación adecuada para resolver este tipo de problemas. En cuanto a la provisión de elementos básicos como teléfonos y movilidades, quedó también pendiente”.“El personal es muy importante en esta función, porque tiene en sus manos la vida de estos chicos. Una decisión de ellos, les cambia la historia para siempre. Entonces cómo hace un operador para decidir si lo saca de su casa, o lo restituye, o lo manda con una tía que mire que sus derechos no sean vulnerados y que tenga una buena calidad de vida ese niño o adolescente”, dijo Fernández. Cumplir con el Código Civil En base a esto, explicó que lo primero será desarrollar estadísticas propias sobre los chicos bajo guarda, indicadores tales como cuánto tiempo llevan en un hogar y en qué condiciones, buscando que en el plazo que indica el nuevo Código Civil se determine cuál es su situación, es decir, no más de 180 días. Un primer control sobre la cantidad de chicos que tiene bajo la guarda el Estado, indica un número de 800, distribuidos entre los hogares de la DINAF, propios y por convenio Y otros 104 niños en familias cuidadoras. En el ex Cose, están internados 60 adolescentes y otros 885 jóvenes que cometieron delitos menores, tienen dictadas por la Justicia, medidas alternativas a la internación para que sean incorporados a su comunidad, ya sea en la familia nuclear, extendida o amigos. Los macrohogares desaparecerán y habrá más microhogares Una de las puntos que continuarán es la estrategia de cerrar los macrohogares, como el Jorba de Funes, Casa Cuna, DINAF, para transformarlos en microhogares, para que los chicos tengan una mejor calidad de vida.
