Esta semana, el Ejecutivo emprenderá una nueva batalla contra la Justicia por la designación dejueces. El Gobierno mandará mañana a la Legislatura un informe técnico sobre las irregularidades
detectadas en el nombramiento de 3 conjueces. Además, entre el miércoles y el jueves, laadministración de Celso Jaque decidirá si inicia juicio político a los 3 miembros de la Suprema
Corte de Justicia que avalaron la cobertura de los cargos vacantes. La carpeta, que lleva la firma de los ministros Mario Adaro (Gobierno) y de Alejandro Cazabán(secretario General de la Gobernación), llegará simultáneamente a las manos del presidente de laCámara de Diputados, Jorge Tanús, y a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC)del Senado. La información que mandará el Gobierno contiene todas las acciones que realizó el Ejecutivodesde que salió a cuestionar al máximo tribunal mendocino por el nombramiento de magistrados, sinhaber pasado por las instancias previstas por la ley 7.294 y por la acordada de la Corte 21.074, lacual creó el cuerpo de magistrados subrogantes y fijó las condiciones que estos deben cumplir paraacceder al cargo. "Es hora de que la Legislatura empiece a actuar", dijo Cazabán a Diario UNO. El funcionario confirmó que el informe que enviarán a la Casa de las Leyes "por orden delgobernador" contiene todas las notas que el Ejecutivo envió a la Corte y también la respuesta queemitió el máximo tribunal. En este caso, Cazabán aprovechó para asegurar: "A la respuesta de la Corte la tomamos comouna especie de amenaza. Es una falta de respeto que conteste un secretario en lugar del presidente". ¿Juicio político? Una vez que la Cámara de Diputados y la comisión de LAC del Senado tengan el informe, eloficialismo avanzará en el cumplimiento de un único objetivo: "Dejar sin efecto las designaciones",tal como indicó Tanús. En esa línea, el jefe de la Cámara Baja apuntó: "Lo que ha hecho la Justicia es inadmisible.Es como si nosotros hiciéramos una ley para designar diputados a dedo". Tanús detalló que una vez que tengan el informe, se evaluará la manera de "convocar a losjueces que avalaron las bajas y las designaciones". Se trata de Alejandro Pérez Hualde, Carlos Böhm y Jorge Nanclares, los tres miembros de laSala Administrativa que firmaron los nombramientos. Precisamente, en el cuarto piso de Casa de Gobierno estudian por estas horas si es factibleiniciar juicio político contra los tres magistrados por mal desempeño, tal como prevé el artículo109 de la Constitución provincial. El Ejecutivo decidirá entre el miércoles y el jueves si avanzaen el proceso de destitución de, nada menos, que el titular de la Corte y otros dos miembros delmáximo tribunal. Apoyo en la Legislatura En la nueva cruzada que ha emprendido contra los jueces, el Gobierno cuenta con el apoyolegislativo de gran parte de los bloques de la oposición. Hace 10 días, los senadores Aldo Giordano (PD) y Sergio Bruni (UCR) hicieron un pedido deinforme solicitando explicaciones sobre las bajas y designaciones de jueces subrogantes. Mientras tanto, el diputado radical Raúl Vicchi aseguró: "Los nombramientos de conjuecesconstituyen un problema hace mucho". Pero relevó de cualquier duda el funcionamiento del Consejo dela Magistratura que, según él, "está trabajando a full y armando ternas permanentemente". Los conflictos con el Poder Judicial Nanclares y los halcones El enfrentamiento entre el gobierno de Celso Jaque y la Justicia no es nuevo. En agosto delaño pasado, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, aseguró que enel Ejecutivo había dos sectores: uno de palomas y otro de halcones. En el último ubicó a AlejandroCazabán, a quien acusó de ser "el portavoz del sector más duro". Por las jubilaciones Apenas 10 días después de las declaraciones públicas de Nanclares, otro miembro de la Corteapuntó contra el secretario General de la Gobernación. Carlos Böhm le pidió a Cazabán que "no seaidiota", lo llamó "ignorante" y le pidió, además, que "mida la lengua". Fue después de queel Ejecutivo cuestionara la demora en la jubilación de algunos magistrados. Por las bancas En abril de este año, el PJ y el Frente Cívico Federal se disputaron dos bancas en el Senadoprovincial que estaban en juego tras las elecciones de 2009. Una reunión entre Alejandro PérezHualde y referentes de la alianza cobista motivó una amenaza de juicio político de peronistascontra el titular de la Corte, lo que provocó un nuevo enfrentamiento entre la Justicia y eloficialismo. Conjueces y escándalo El 30 de julio, el Gobierno blanqueó su malestar por la designación de conjueces, que nosiguió los mecanismos previstos por la ley 7.294 y por la acordada por la Corte 21.074, y apuntó alnombramiento de Silvina Culós en el Segundo Juzgado de Ejecución Penal, al de María Páramo en elJuzgado de Familia (Malargüe) y al de Armando Farina en el Juzgado Correccional y Faltas (Alvear). Otra vez, juicio político El conflicto por el nombramiento de conjueces generó una serie de notas cruzadas entre elEjecutivo y el Poder Judicial. Finalmente, el Gobierno decidió llevar la pelea a la Legislatura y amediados de semana (entre el miércoles y el jueves) definirá si pide juicio político contraAlejandro Pérez Hualde y otros dos miembros de la Corte que avalaron las designaciones.
