Mendoza Jueves, 23 de agosto de 2018

La oposición busca cambiar el 40% del Código de Faltas

Le piden al frente Cambia Mendoza que se introduzcan variaciones en 80 de los 199 artículos del proyecto.

El proyecto para regular las contravenciones en Mendoza se ha convertido en arena de luchas políticas en el Senado.

Es que mientras el oficialismo, responsable de haberlo redactado, presiona para que reciba despacho de las dos comisiones a las que fue girado (Legislación y Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías) y ya no acepta introducirle más cambios de los que tienen vía libre (ver aparte), la oposición (PJ tradicional, Partido Intransigente, Unidad Ciudadana y FIT) se niega a firmar los dictámenes. Puntualmente, el peronismo busca una megamodificación: nada menos que 80 de 199 artículos que posee el compendio de faltas. Tanto de uno como de otro lado se muestran inflexibles y el código corre peligro de quedar entrampado en una discusión entre partidos.

Argumentos

El oficialismo está que arde por la falta de colaboración de la oposición en el tratamiento del proyecto. Así lo afirmó el presidente del bloque oficialista en el Senado, Diego Costarelli: "No hacen (por la oposición) más que vueltearnos. Hace tres meses que estamos discutiendo, hemos aceptado modificaciones, y el PJ que quiere cambiar casi todo el proyecto; además, no asiste a las comisiones. No quisieron que se discutiera en plenario entre LAC y Derechos y Garantías. Pienso que lo que quieren es entorpecernos el camino", afirmó el legislador radical. Además, agregó que "este proyecto es para el bien de los mendocinos, que están esperando una respuesta, y nosotros se la tenemos que dar". Por último, Costarelli lanzó que "si están seguros de querer modificar 80 artículos, que hagan un código nuevo y superador".

Diego Costarelli.
Diego Costarelli.

Por otro lado, Patricia Fadel, presidenta del bloque PJ tradicional en la Cámara Alta, aseguró que "este proyecto es represivo, recaudador e inaplicable. ¿Qué van a hacer los policías, salir a perseguir a quienes cometen faltas menores o ir tras los verdaderos delincuentes? No van a alcanzar los lugares de detención para llevar presos a todos los que no puedan pagar las multas".

Patricia Fadel.
Patricia Fadel.

Además, dijo que el nuevo código avanza sobre competencias provinciales y municipales que no le corresponden, y que en algunos aspectos se convierte en una especie de código penal.

También explicó que la oposición está pidiendo que se cambien las multas y los días de cárcel por trabajos comunitarios, porque no van a alcanzar las cárceles para tener a tanta gente detenida.

Por otra parte, dijo que el texto de la iniciativa se ha basado en el Código de Faltas de 1965, aggiornándolo con la regulación de algunos aspectos actuales. "Para realizar nuestra propuesta, nos basamos en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, incluso más moderno y práctico que el que están proponiendo para Mendoza", explicó la senadora.

En tanto, Lautaro Jiménez, del FIT, explicó que ellos han pedido el borrador del despacho de LAC, sin tener resultados positivos al respecto. "En Derechos y Garantías se estudiará la propuesta, pero LAC es una escribanía, salen las iniciativas sin discusión. Pero acá, más que cambios en los proyectos, la discusión es política ¿El oficialismo quiere acordar con la oposición o no? Ese es el punto", manifestó Jiménez.

Lautaro Jimenez.
Lautaro Jimenez.

Menos multas y más trabajo comunitario

El peronismo -y en esto concuerda, total o parcialmente, con los partidos opositores- quiere transformaciones en 80 de los 199 artículos, es decir, en el 40% del proyecto. La mayoría de los cambios tienen que ver con reducir las sanciones -de días de arresto y multas abultadas, se pasa a más tiempo de trabajo comunitario-, pero también quieren la eliminación de algunos artículos, como el 46, que se refiere a la ofensa a funcionarios públicos; en el 85°, que es el que busca sancionar a padres cuyos hijos ingresen a establecimientos prohibidos para su edad -como boliches, por ejemplo-. En este caso, el PJ propone que se sancione a los dueños de los locales, no a los padres o encargados de los chicos. Otro artículo que se busca derogar es el 104°, que castiga el uso de hábitos religiosos a quienes no tengan justificación para usarlos.

El oficialismo, según sostiene el PJ, sólo aceptó dos modificaciones sustanciales: en primer lugar, que se proponga una etapa de conciliación obligatoria y, por otra parte, que se cambie la multa o los días de arresto por trabajo comunitario.