La minería divide posiciones

La reunión que convocó la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) tuvo un objetivo: poner el debate otra vez en la agenda. Lo hicieron desde el punto de vista de la cantidad de obreros que demanda la actividad minera. El trabajo es siempre un punto sensible.

Con esto ya sobre el tapete representantes del radicalismo coincidieron en que el partido como tal aún no ha tomado una posición unificada al respecto. “Es un tema que está en la agenda y hay que debatirlo en el comité”, explicó el diputado provincial Néstor Parés (UCR). Dijo que para él es un tema complicado y que ve que en muchos lugares se hace minería pero que no debe realizarse “a como dé lugar”. “Hay que ver cuánto es lo que le va a quedar a la provincia, porque si es como ahora no es mucho en realidad. Me parece que por ahora no tiene que ser modificada la 7.722”, agregó.

El senador Armando Camerucci (UCR) también hizo una lectura sobre esta búsqueda de reactivar la minería que impulsan sectores gremiales, empresariales y políticos. “Lo que hacen es aprovechar el momento y la situación financiera de Mendoza, con oportunismo se busca posicionar a la minería como si fuera la solución”, opinó.

El legislador dijo que el agro y las industrias relacionadas en Mendoza también generan mano de obra intensiva y señaló que él no ha escuchado a nadie quejarse por la pérdida de puestos de trabajo en este sector. “Si hubiesen defendido a la economía regional con tanta vehemencia como a la minería la situación económica de Mendoza sería otra. Esos diez mil puestos de trabajo de los que hablan se han perdido en dos o tres años en el agro”, agregó.

Camerucci dijo, sin vueltas, que está totalmente en contra de derogar la ley 7.722 y ni siquiera avala una posible modificación. “Descreo de todos aquellos que quieren poner otro tipo de controles porque son los mismos que no controlan ni reclaman a la Nación por los pasivos ambientales petroleros”, dijo.

Sin embargo dejó una puerta abierta a la producción minera y sostuvo que se pueden discutir distintos proyectos en función de preservar el cuidado del agua y del medio ambiente.

Posturas definidasDos partidos que sí tienen resuelto cuál es su postura frente a la minería metalífera son el Frente Renovador y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

Los primeros, de la mano del intendente de San Carlos, Jorge Difonso, uno de los autores de la 7.722, están en contra de cualquier tipo de explotación minera contaminante.

Para Difonso también esto forma parte de cierto oportunismo. “Evidentemente hay sectores empresariales que buscan priorizar una ecuación económica por sobre la calidad del agua. Esto acompañado por funcionarios que quieren hacer creer que hay déficit porque no hay minería cuando en realidad se produce porque hay más gastos que ingresos”, opinó el intendente, quien coincidió con Camerucci en que Mendoza necesita recuperar las economías regionales.

Para él lo que sucederá si se llegase a derogar la ley 7.722 es que se producirá un conflicto social en Mendoza. “Es una norma que asegura el control, yo no entiendo por qué quieren impulsar el desarrollo sin control”, agregó.

Cecilia Soria, diputada del FIT, dijo que esa ley es el resultado de la expresión del pueblo de Mendoza y que ellos defenderán esa postura.

La Corte todavía no analiza el casoLa Suprema Corte de Mendoza aún no se expide sobre la constitucionalidad de la ley 7.722. “Lo último que hay es un pedido de acumulación de expedientes. Todavía se está terminando de juntar esa prueba. Creo que aún faltan dos expedientes más, pero todavía estamos en los tiempos que corresponden”, explicó Mario Adaro, juez de esta institución.

Este organismo acumula diez pedidos de inconstitucionalidad de esta ley y los resolverán en pleno, es decir los siete jueces juntos. Esto será así dada la incidencia para la sociedad que tiene la norma.

El juez no dio ninguna fecha estimativa sobre cuándo dictarán algún tipo de fallo al respecto. Este último avance –la decisión de tratar todas las causas juntas y en plenario– se conoció en diciembre del 2013.

Los demandantes son empresas mineras que aducen, entre otras cosas, que esta ley prohíbe el uso de sustancias sólo para la minería y no para otras actividades, por lo cual violaría el derecho de igualdad garantizado en los artículos 16 de la Constitución nacional y 7 de la Carta Magna provincial.

Pero también la Constitución nacional tras la modificación que se hizo en 1994 agrega una cláusula ambiental que garantiza en el artículo 41 la protección del medio ambiente. “ Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”, dice parte de ese artículo.

►"Evidentemente hay sectores empresariales que buscan priorizar una ecuación económica por sobre la calidad del agua” (Jorge Difonso, Frente Renovador).

►"Más allá de que la Corte se expida, estoy totalmente en contra de cualquier posibilidad de derogar la 7.722” (Armando Camerucci, senador provincial por la UCR).

►"Nosotros acompañamos a todas las asambleas y no queremos que haya minería contaminante en la provincia” (Cecilia Soria, diputada provincial por el FIT).

►"Es un tema complicado y hay que debatirlo. Me parece que por ahora no se tiene que modificar la ley 7.722” (Néstor Parés, diputado provincial por la UCR).