Mendoza Jueves, 8 de noviembre de 2018

La licencia del juez Palermo impide un fallo sobre empleo estatal

La ausencia del supremo (por beca) fue uno de los motivos del jefe de la Corte para anular el llamado a Plenario. Sigue sin resolver si son legítimos 3.000 pases a planta vía paritarias.

Jorge Nanclares aseguraba en marzo que la licencia de 6 meses concedida al supremo Omar Palermo para capacitarse en Alemania "no afectaría el normal funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia" de Mendoza.

Sin embargo, este martes, Nanclares se valió de esa ausencia para justificar su decisión de anular la convocatoria al Tribunal Plenario de la Corte para resolver un caso judicial de alto voltaje sociopolítico y gremial: la constitucionalidad o no del acceso al empleo público provincial a través de acuerdos paritarios que tiene en vilo a 3.000 estatales y sus familias.

El expediente, que volverá a la Sala I del máximo tribunal, había sido iniciado por la ONG Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, que puso bajo la lupa la legitimidad de esa cantidad de pases a planta permanente del Estado al final de la gestión de Paco Pérez y reclamó que en Mendoza se acceda al empleo público por concurso.

Lo que viene

El tránsito de la causa por la Sala I promete no ser sencillo y alargar el plazo de resolución.

Para empezar habrá que designar a un supremo en el lugar de Julio Gómez, que se excusó de opinar porque un familiar directo tiene interés directo en la decisión judicial.

También habrá que ver si Pedro Llorente y Dalmiro Garay siguen o se apartan por decisión propia o son recusados por alguna de las partes: la ONG y Sitea.

Desde la presidencia de la Sala I, el sanrafaelino se desprendió de la causa y la envió a Nanclares, bajo el argumento de que la decisión de todos los supremos sería la más apropiada desde lo institucional, porque el asunto a resolver es políticamente delicado e involucra a un gran número de estatales y a sus familias, y porque la decisión judicial mendocina podría ser sentar un precedente nacional. Habrá que ver si ahora Llorente recoge el guante y se pronuncia siendo parte de un trío de jueces cuando, tiempo atrás, a su entender, la decisión debía ser tomada por los siete jueces.

El ex ministro de Gobierno de Cornejo, quien se incorporó a la Corte el 31 de julio, tiene una postura clara y públicamente archiconocida sobre el tema: al Estado Provincial solo se entra por concurso. Y esta postura podría ser considerada una preopinión que lo deje fuera del ámbito de resolución.

Si Llorente y/o Garay se apartan o son recusados habrá que buscar remplazantes para completar la Sala I. Entre José Valerio y Mario Adaro (ambos de la Sala II) estará el remplazo de Julio Gómez y solo uno quedará libre para cubrir la posible vacancia dejada por Llorente o Garay. El problema se tornaría enorme si ambos quedaran fuera de carrera, ya que habría que acudir a un conjuez de la Corte para completar la Sala I.

A la luz de semejante ajedrez judicial para constituir apenas un trío de jueces para resolver, aquella frase de Nanclares de marzo, acerca de la ausencia de Omar Palermo en la Suprema Corte parece haber quedado reducida a la nada misma.

La diferencia

Asoma un detalle no menor al analizar este cambio de rumbo para el planteo de inconstitucionalidad en el sistema tribunalicio: al quedar radicado en una de las salas de la Corte, el presidente Jorge Nanclares no deberá pronunciarse, a lo que sí hubiera estado obligado en caso de que el conflicto hubiera radicado en un Tribunal Plenario.

No se trata de una prerrogativa sino que la Ley Orgánica de Tribunales solo faculta para resolver recursos judiciales a los miembros de las salas Primera y Segunda y Nanclares, en su rol de jefe de la Corte, preside la Sala Tercera cuya misión es organizar el funcionamiento del Poder Judicial en cuanto a sus recursos humanos, técnicos y edilicios.

"Oportunidad histórica"

"Esperamos que el planteo de inconstitucionalidad sea resuelto lo antes posible porque Mendoza necesita del ingreso al empleo público por concurso", dijo la abogada Fabiola Cantú, directora ejecutiva de la ONG Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, que accionó contra los 3.000 ingresos firmados por Paco Pérez.

-¿Qué opina de esta marcha atrás de la Corte?

- La causa está para ser resuelta gracias al cúmulo de pruebas que hemos presentado y al gran apoyo de otras instituciones que defienden, como nosotros, la idoneidad como herramienta primordial para acceder al empleo en el Estado. Esta es una oportunidad histórica para garantizar la igualdad y la transparencia en el acceso al empleo público.

- ¿Qué impacto podría causar un fallo favorable?

- Mendoza sentaría un precedente muy fuerte a nivel nacional, que podría aplicarse en otras administraciones públicas.

-A la espera. En el Gobierno de Mendoza están atentos al desenlace de este caso, ya que obligaría a rendir concurso a 3.000 agentes ubicados por Paco Pérez en caso de ser aceptado el planteo de la ONG encabezada por Fabiola Cantú.

"Tras el llamado a Plenario, el Tribunal se vio afectado por circunstancias que determinan que en la actualidad no se encuentre completo en su integración natural (licencia del Dr. Omar Palermo), así como las numerosas presentaciones realizadas en el expediente que dio origen al llamado a Plenario, y que siguen en trámite" (Jorge Nanclares, en un tramo del escrito)

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