El Gobierno enviará este martes a la Legislatura el proyecto para reformar el accionar de las fiscalías que persiguen el crimen. Las víctimas tendrán intervención desde el principio.

La ley que busca dar un vuelco a la Justicia en la lucha del delito

Por UNO

Este martes ingresará a la Legislatura el proyecto de ley con el que el Gobierno provincial quiere hacer cirugía mayor en las fiscalías judiciales, las que persiguen el delito. Una profunda reforma con la que se busca dar un vuelco a la batalla contra la inseguridad.

Es probablemente una de las leyes más importantes de los últimos años y central para el gobernador Alfredo Cornejo. La iniciativa estará esperando a los legisladores a la vuelta del receso invernal para que sea tratada de inmediato.

Así es la reforma

La propuesta llega con cambios a fondo: triplicará la cantidad de gente encargada de investigar y esclarecer los hechos delictivos porque les dará a los ayudantes fiscales casi las mismas facultades que tienen hoy sus jefes, los fiscales.

En el Gran Mendoza, Lavalle y el Este provincial hay 33 fiscales (sin contar los de Flagrancia) y 66 ayudantes fiscales, que deben telefonear todo el tiempo al fiscal para recibir instrucciones.

Con la reforma, los ayudantes podrán decidir en la escena del crimen sin consultar e impulsar medidas legales que antes necesitaban sí o sí del fiscal.

Además se oralizarán todos los incidentes entre la fiscalía y la defensa ante el juez de garantías, que ahora se hace por escrito.

También se prescinde de la ratificación del juez para llevar un caso a juicio si la defensa no solicita expresamente el control pertinente.

La víctima o sus familiares a través de un abogado (la querella) podrán intervenir desde que se cometió el hecho y no recién cuando haya un sospechoso imputado.

Se pondrá en marcha la notificación electrónica para los abogados del proceso, no habrá más notificación en soporte papel y el letrado será dado por notificado en las vistas y otros actos de la causa apenas ingrese la misma a la casilla de su correo electrónico.

Se colocará un notificador (un trabajador judicial) en cada cárcel para que los presos no tengan que ser trasladados hasta el Poder Judicial para informarles sobre un cambio en la causa en la que se los investiga.

Se abrirá una intranet, un sitio cerrado en la web, para visualizar el expediente judicial que no saldrá más de la fiscalía o el juzgado de garantías en el que se esté tramitando.

Las partes involucradas consultarán el expediente on line y si es necesarios pedirán una copia.

De esta manera, se evitará el actual engorro de que una decisión tomada por un fiscal sea notificada a las partes con el expediente real para que la vea y se exprese.

Este acto exige por ley que cada parte tiene una cantidad de días hábiles para responder. Como el expediente es uno solo, el trámite suele frenar la investigación porque no está en manos del fiscal.

Con el sistema on line además todos los notificados podrán contestar al mismo tiempo sin depender de la pieza judicial en papel.

Se eliminará el secreto del sumario en las causas correccionales (la mayoría resuelven accidentes de tránsito), que según el Gobierno alentaban "un gran negocio para unos pocos estudios de abogados".

Rol de los ayudantes fiscales

El ministro de Seguridad, Gianni Venier, quien estuvo a cargo de cristalizar los cambios evaluados junto con el subsecretario de Justicia, Marcelo D' Agostino, y el gobernador Cornejo, explicó a Diario UNO el alcance que se busca con la reforma.

"Queremos conseguir celeridad en la investigación, ahorrar tiempo y que el fiscal pueda ir rápido en su tarea", afirmó.

El ministro destacó que "el golpe fuerte lo damos ahí, en el trabajo de las unidades fiscales".

Venier se explayó: "Buscamos que las oficinas fiscales empiecen a tener relevancia por sí mismas porque es la fuente más numerosa de personal y el grueso de su ejército son los ayudantes fiscales".

"Por eso -continuó- los ayudantes tendrán todas las atribuciones de su jefe, el fiscal y las órdenes de éste serán sólo de control, es decir, aceptación o negación. Los ayudantes fiscales actuarán salvo que el fiscal indique lo contrario".

Venier precisó que "hoy es muy poco lo que puede hacer un ayudante fiscal cuando llega a la escena del crimen o recibe una denuncia y debe esperar que el fiscal le diga las medidas que tiene que tomar".

El funcionario explicó que "con esta reforma los ayudantes van a poder tomar medidas para obtener todas las pruebas necesarias, seleccionar causas, pedir pericias, archivar expedientes o derivarlos a la fiscalía especial si lo amerita". Dejó en claro además que quedarán activados por ley para asistir a las audiencias y hasta podrán ahora actuar en los juicios orales y públicos.

El ministro destacó también el nuevo rol del querellante particular. Al respecto dijo que "se trata de la democratización del proceso judicial para todas las partes".

Explicó que "hasta ahora, si una víctima o su familia querían poner un abogado querellante para intervenir en la causa debían esperar a que hubiera un imputado. Ahora el querellante particular podrá intervenir desde el primer minuto con derecho a pedir las medidas que hagan falta".Los plazos y el acceso rápido al expediente, claves de la iniciativaEl proyecto de la reforma de las fiscalías que impulsa el Gobierno provincial apunta a desintegrar un lastre que provoca la naturaleza física del expediente en soporte papel y que inevitablemente demora las investigaciones penales.

Que un expediente pase por distintas manos cada vez que se notifica algún acto en la pieza, que las notificaciones deban ser entregadas en mano y en papel al notificado, que todo lo que se discute con un juez se haga por escrito demoran la investigación penal.

Por eso, la notificación electrónica y las audiencias orales para los planteos de las partes deberían acelerar los trámites y darle al fiscal más tiempo útil para investigar.