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Se le inició el juicio al padre de Rosarito Belén Amitrano y el paso del tiempo afectó la memoria de varios testigos, como a los médicos que la vieron. Aún hoy muchos funcionarios hablan de los derechos de los niños, pero no los defienden. 

La lentitud y la impericia nos cuestan carísimo: las vidas de los más chicos

Por José Luis Verderico

verderico.joseluis@diariouno.net.ar

@jlverderico

“¿A usted le parece que yo me voy a acordar de lo que hice hace 15 años?” La frase, dicha por uno de los primeros testigos del juicio oral y público a Alejandro Amitrano por la muerte de su beba en 1999, provocó algunas sonrisas entre los presentes, pero como otros dos convocados la repitieron al menos en seis veces más, la reacción primaria se fue desdibujando hasta terminar en una mueca de desilusión y reflexión.

No es para menos. El paso del tiempo le está pasando una factura carísima a las chances de esclarecimiento de uno de los casos judiciales más impactantes del siglo pasado: la muerte de la pequeña Rosario Belén Amitrano, historia tremenda que derivó en la detención de la madre -presa durante quince meses y absuelta en 2001 al final del juicio oral y público- y en la captura del padre, hace un año y nueve meses, en Paraná, adonde vivía como el Gringo Gabriel González Altamirano y esperaba a su primera hija con su pareja, después de casi 13 años en fuga.

La lentitud se termina pagando con oro y me refiero a las reacciones casi nulas de funcionarios que un mes y medio antes de esa tragedia, cuando la beba estuvo internada en el Hospital Italiano, “pasaron de largo” y no hicieron lo que su función demandaba frente a un historial médico gravísimo que se conoció durante el juicio de 2001. Costillas fracturadas y ya curadas con el solo paso del tiempo, se escuchó de boca de uno de los profesionales, entre otros diagnósticos que le congelaron la sangre a más de uno.

Y cuando digo “pasaron de largo” digo que incumplieron con su trabajo y permitieron que la niña volviera a casa con sus padres. Días después, sucedió lo peor.

Ahora, la Quinta Cámara del Crimen juzga al padre de la niña y ha convocado a muchos testigos de aquel primer debate. “Ha pasado mucho tiempo” y “realmente, mi memoria no es tan buena a mi edad” fueron otras justificaciones de personas que vieron a Rosarito en grave estado, y a la madre y al padre en los pasillos en ese trance tan delicado y decisivo para el resto de sus vidas.

Ciento por ciento de teoría y 0% de práctica es un viejo vicio operativo en el que suelen caer muchos jueces y/o funcionarios cuya verdadera misión es custodiar los derechos de los más indefensos: los chicos.

Así, algunas prácticas desaprensivas o poco profesionales terminan estrellando contra el piso cualquier programa de trabajo interdisciplinario que haya sido anunciado con bombos, platillos y palomas al viento, y mostrándonos a todos como sociedad el verdadero rostro de aquellos que se llenan la boca enarbolando la bandera de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero que a la hora de encabezar, ordenar y dirigir una investigación para determinar, por ejemplo, cómo fue que Rosarito Amitrano sufrió tantas quebraduras, hacen agua por todos lados, exhibiéndonos las carencias y falencias del sistema, pero también altísimas dosis de negligencia y desinterés.

Aprietan el puño y en nombre de convenciones internacionales advierten de que a los pequeños no hay que “estigmatizarlos” -palabra que les encanta- publicando sus datos personales y fotos en la prensa, pero nada dicen de esas soberanas metidas de pata que han costado las vidas de muchísimos niños de carne y hueso y de pedidos de auxilio jamás escuchados ni atendidos. Jamás.

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