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La titular del Primer Juzgado de Garantías deberá resolver si Nelly Rojas debe seguir presa y acusada. La Sala Penal de la Corte provincial decidió que la magistrada de ese tribunal arbitrará el resonante caso

La jueza Pietrasanta quedó a cargo del caso de la Tupac en Mendoza

María Cristina Pietrasanta, la jueza del Primer Juzgado de Garantías, estará en los próximos 15 días en la mira de la Justicia, de la política y del país porque deberá resolver si la líder local de la , Nelly Rojas, continúa presa o sale en libertad y si los graves delitos que le endilga la fiscal Gabriela Chaves quedan en pie. Ese desafío es el que se viene para la magristrada, luego de que la Sala Penal de Suprema Corte de Justicia de la Provincia, decidiera por mayoría resolver que Pietrasanta será la jueza que arbitrará en la causa que tiene encarcelada a Nelly Rojas y a su marido, y con prisión domiciliaria a dos de sus hijas y una integrante de la Tupac. El máximo tribunal de Justicia local tomó esa decisión, según pudo saber Diario UNO de fuentes seguras.Nelly lleva 44 días presa desde que se presentó espontáneamente ante la Justicia, justo el día que la fiscalía tramitaba 24 allanamientos que tenían como objetivo detener a la líder de la Tupac y a sus familiares, todos con roles importantes dentro de la organización barrial. Desde el 7 de abril, la referente de la Tupac espera que un juez de Garantías controle su situación judicial. Una espera muy larga que estaba complicando públicamente a los tribunales, atrapados en una discusión legal sobre qué juez debía intervenir. Rojas está imputada de delitos graves: asociación ilícita agravada, extorsión, estafa y coacción agravada, bajo la acusación de haber ejercido esta conducta contra miembros de la Tupac dejándolos fuera de la operatoria de viviendas que Nelly comandaba, ya sea porque no acompañaban las metas políticas de la organización o porque no hacían aportes de dinero que -dicen- les exigían. La defensa de Nelly Rojas, que ejerce el penalista Alfredo Guevara, asegura que esto es una "persecución política", que no hay pruebas y que la causa se cae a pedazos. Y exige desde el día de la detención que un juez de Garantías controle lo hecho por la fiscalía, libere a Nelly y elimine los delitos de una causa que considera inflada. Mientras esa discusión está pendiente y será la jueza María Cristina Pietrasanta quien deberá arbitrarla en audiencia oral, una serie de irregularidades han dejado desacomodada a la líder de la Tupac. La mayor parte de las cooperativas que trabajan en la Tupac eran presididas por parientes de Nelly Rojas.Las 20 cooperativas tenían domicilio en su casa y hallaron los sellos de todas, prolijamente guardados en un cajón de la vivienda.Casi una decena de vehículos de alta gama eran propiedad de los familiares de Nelly a pesar de que muchos de ellos cobraban planes sociales.Uno de esos rodados, una Toyota Hilux 4x4 con pedido de captura, fue secuestrada este viernes por la policía en el Acceso Este. A bordo iban algunos hijos de Nelly. La defensa asegura que no hay motivo para la incautación de los vehículos y que es una prueba más de la persecución política. ¿Qué juez debía intervenir?El debate para la Corte no era sencillo porque desde el principio se había disparado un escenario de enredos difícil de desatar.La fiscal Gabriela Chávez había cuestionado la intervención del Sexto Juzgado de Garantías tras denunciar al tribunal por haberse filtrado los allanamientos con los que pensaba caerle por sorpresa a Nelly Rojas. El juez subrogante, Carlos Parma, aceptó el planteo, apartó al tribunal y, además, dijo que el Segundo Juzgado de Garantía era el competente.Por normativa, el caso pasó al subrogante legal, que es el Primero de Garantías, a cargo de María Cristina Pietrasanta. La jueza rechazó todo y dijo que la causa era de Érica Sánchez, conjueza del Segundo de Garantías. Pero Sánchez disintió con Pietrasanta y planteó un conflicto de competencia legal que llegó a la Corte. Cuando se le pidió el dictamen al fiscal de la Corte, Alejandro Gullé, este indicó que el competente es el Sexto de Garantías, es decir, donde todo se inició.La Corte coincidió con Gullé, pero como el Sexto está sospechado, con el fin de mantener la imparcialidad, por lo que envió la causa a manos de la jueza Pietrasanta.

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