Por Carina Luz Pé[email protected]
La Fiscalía de Estado investiga la posible existencia de una defraudación hormiga en la Agencia Tributaria Mendoza (ATM) que, si bien aún no ha terminado de ser cuantificada en lo económico, representa un faltante de dinero muy abultado.
Los caminos elegidos por los involucrados en la estafa son variados: o bien cerraban acuerdos particulares con determinadas empresas para otorgarles beneficios impositivos, como por ejemplo la excepción en el pago de la tasa por Ingresos Brutos o utilizando una red virtual privada para ingresar de forma remota al sistema informático de la Agencia con la clave de otros usuarios para arreglar deudas o directamente falsificar comprobantes de pago. En este último caso, la investigación está a cargo de la fiscal de Delitos Complejos Claudia Ríos.
El análisis de todos los procesos informáticos propios de la actividad recaudatoria de ATM empezó hace varios meses. Y hace unas semanas mostró sus primeros resultados positivos. La luz de alarma, de uno de los casos bajo la lupa del fiscal Javier Fernández, y a pedido del titular de ATM Claudio Gil, surgió casualmente gracias al representante legal de una empresa que reclamaba la baja de una deuda que, según él, ya había sido abonada y que tal situación no le permitía a su empresa acceder al beneficio de reducción de la Alícuota de Ingresos Brutos (tasa cero).
Al momento de realizar tal aseveración el contribuyente insinuó que le había pagado una suma de dinero a un agente de esa administración para solucionar su deuda. El personal de ATM inmediatamente dio noticia de lo ocurrido a sus superiores, labrando un acta, detallando la situación y dejando constancia de la deuda del contribuyente y del impedimento de su empresa para hacerse con el beneficio de tasa cero.
Días más tarde el Departamento de Actividades Económicas y de Gestión Interna de la ATM realizó un control de los registros del contribuyente y constató que se hallaba con el beneficio aprobado a pesar de no haber resuelto la deuda correspondiente que no permitía tal situación.
Al poco tiempo, otra empresa, con una actividad muy distinta, equivocó por una sola letra la dirección de correo del “contacto” y lo envió a otra persona de nombre parecido, explicándole que no podía acceder a la tasa cero y adjuntando algunos archivos que mostraban que el pedido iba en igual sentido al caso antes conocido. En ese mail puede leerse textualmente “decime si se puede arreglar y cuánto sale”.
Según explicó el fiscal Fernández, para otorgar el beneficio había que llenar una serie de campos obligatorios que exige el sistema informático. En alguno de esos campos, en lugar de colocar el dato pedido, ponían un punto o un espacio, y de este modo quedaban todos los requisitos completos para poder autorizar el beneficio.
Luego de varios cruces de datos, de tomar testimonios bajo protección de identidad y de peritajes informático, el agente fue identificado, sumariado, separado de sus funciones y denunciado ante la Justicia Penal.
Los otros hechos son más elaborados y por eso costó más trabajo detectarlos, como el ingreso remoto a la red informática de ATM para “solucionar” deudas con el fisco. En ese camino, también fue descubierto el modus operandi de un grupo de mandatarios registrales de automotores, quienes hacían las transferencias correspondientes luego de un plazo, pero al ser controladas se comprobó que no estaban ingresandos los impuestos. Sin embargo, en los legajos de los registros del Impuesto Automotor, todos los comprobantes de pago estaban adheridos al mismo. Luego de peritarlos, resultaron ser apócrifos. “Esto indica que tienen una forma de imprimirlos o que están alterando el cajero automático desde dónde se puede hacer ese pago”, especificó Fernández.
En resumen, hasta ahora, lo más claro es el método. Queda por establecer la suma total, la red de complicidades y desde cuándo funcionaban. Los encargados de la investigación están seguros de que no se trata de casos aislados sino de una organización dedicada a estafar al fisco.
Similitudes con un caso del 2008La actual investigación tiene similitudes con otra realizada en 2008 por la Fiscalía de Estado.
En aquel caso agentes de la ex Rentas daban de baja en apremio a grandes contribuyentes de Ingresos Brutos realizando una nueva liquidación de deuda a partir de retenciones y percepciones no documentadas. Conseguían así una quita de la deuda original.
Con este mecanismo se llegó a disminuir deudas de $516.988 a la irrisoria suma de $34.017. Por esta causa dos agentes fueron cesanteados luego del sumario respectivo y la causa está elevada a juicio en la Quinta Cámara del Crimen, con los agentes imputados por el delito de estafa agravada en la modalidad de fraude a la Administración Pública.
La condena es de 1 a 6 añosLa Justicia penal deberá determinar si existe la comisión de un delito, tanto por parte de los agentes de la ATM involucrados como por parte de los contribuyentes. El artículo 4 del Régimen Penal Tributario dice que: “Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
