La Corte aceptó revisar la causa en la que se investigó el crimen de José Luis Bolognezi

de los dos únicos imputados, Carlos Pérez y Abdo Girala.

Los tres magistrados entendieron que eran admisibles los argumentos planteados por los

abogados querellantes Pablo Salinas, Alfredo Guevara y Verónica Grasetto, así como los de la fiscal

de Cámara, Nancy Lecek, y ahora revisarán la sentencia absolutoria dictada a fines del año pasado

por la Cámara del Crimen de San Martín. Para el juicio, ese tribunal estuvo integrado por los

camaristas Pedro Carrizo (hoy jubilado), Carmen Coronel y José Balliro (ambos del fuero laboral).

"Esto nos da muy buenas perspectivas, porque la admisión de un recurso como este siempre es

muy difícil y que se haya resuelto favorablemente es alentador", dijo ayer Pablo Salinas, uno de

los representantes de la familia Bolognezi.

Según los querellantes particulares, además de analizar el fallo, la Sala Penal de la Corte

deberá estudiar los veinte cuerpos de la causa (cada uno contiene 250 fojas). Podrá anular la

sentencia, dictar una nueva, sin necesidad de formar otro tribunal, y realizar una audiencia nueva.

"Por jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa Casal, del 2005), el

tribunal de casación no sólo se limita como antes a analizar cuestiones de Derecho (técnicas), sino

también a analizar los hechos y las pruebas", dijo Salinas, quien sostiene que los jueces de la

Corte deberán estudiar la totalidad del expediente, que comenzó a tramitarse hace siete años en San

Martín y resolver sobre él.

"Ahora esperamos que en 15 o 20 días nos llamen a argumentar en forma oral el caso y luego se

resuelva", indicó el abogado querellante.

En los argumentos de los querellantes se cargaron las culpas de la absolución sobre el juez

Pedro Carrizo.

Salinas, Guevara y Grasetto dijeron que "debe destacarse la política tendenciosa, parcial,

inclinada a una de las partes en la que incurre el juez Carrizo, seguido posteriormente por los dos

camaristas del Trabajo (Coronel y Balliro)" y agregaron que "durante estos siete años, además de

afrontar la terrible pérdida de un ser querido, nuestros mandantes han conocido también lo que

significa la impunidad. Han sido amenazados e intimidados. Han visto actuar policías corruptos y

jueces sospechados. Se los ha acusado de buscar un beneficio económico. Han sido acompañados en las

marchas del silencio por la sociedad civil, que sostiene la necesidad de que la justicia debe

aplicarse por igual a todos los sectores sociales, incluso los más poderosos".

"El sistema penal no tiene por qué mantener siempre la misma clientela, es posible someter

también a juicio a los más poderosos, aplicando un elemental principio de igualdad ante la ley",

insistieron.