Por Enrique [email protected]
El jueves, los abogados defensores y la fiscalía que lleva una de las causas en contra de Esteban Alberto Giovanini (62), el hombre que es acusado por su ex mujer de agresiones, atacar a sus hijos y de no respetar las restricciones judiciales impuestas, dieron la versión de por qué el imputado recuperó su libertad después de un mes preso.
“Son cuatro expedientes, no 18 denuncias como dice ella”, indicaron ayer los abogados Jorge Cantalejo y Juan Alberto Rossello, quienes representan al hombre que fue detenido el 2 de octubre por vulnerar la prohibición de acercamiento que le había impuesto la Justicia, en resguardo de su ex pareja, Iris Lucero (45), y que salió libre un mes después.
Rossello indicó que “el delito por el que fue acusado (desobediencia de las medidas judiciales impuestas) es de una escala penal que tiene un mínimo de 15 días de prisión. Jamás tendría que haber sido detenido pero, aún si fuera condenado, nuestro cliente estuvo preso más del doble del mínimo contemplado”.
Además, el abogado aseguró que esas desobediencias (cinco hechos, según el expediente) fueron todas en un mismo día y que Giovanini no se acercó jamás a su ex pareja ni a la casa de ella. “Era el cumpleaños número 10 de su hijo, y quería entregarle una bicicleta de regalo y $300 para que pudieran hacerle una fiesta. Fue a la casa de su ex suegro y después pasó por la escuela y por un gimnasio, buscándolo, para saludarlo y avisarle”.
En la fiscalía de la doctora María Florencia Díaz Peralta desmintieron que se haya solicitado una pericia psiquiátrica de la denunciante. En cambio, indicaron que en el expediente que tramita la Justicia de Familia por el conflicto entre Lucero y Giovanini sí se efectuó esa medida y que, de ser necesario, será incorporada al expediente penal.
Además, confirmaron que hay dos informes psiquiátricos del imputado y que ambos indicaron que el hombre no es peligroso, que es consciente de la situación y que está afectado anímicamente por todo esto.
También subrayaron, autoridades de la fiscalía, que la decisión de dejarlo en libertad fue del Segundo Juzgado de Garantías y que legalmente correspondía otorgársela, ya que había pasado en prisión más tiempo que el mínimo de la pena fijada en el Código.
Desde la misma Justicia se indicó, además, que en las otras causas abiertas hay varias dudas sobre el contenido de las denuncias. “La mujer denunció que fue golpeada, pero nunca se presentó a Sanidad Policial para certificar las lesiones”, se informó. Además, indicaron que “tampoco está claro qué gravedad tuvo la supuesta agresión en contra de una de las hijas de la pareja que refiere la mujer”. Pese a ello sostuvieron que en dos de las otras causas Giovanini ya fue imputado.
La versión de la mujerIris Lucero contó que las dos situaciones más graves ocurrieron el 25 de noviembre del año pasado y el 19 de setiembre último.
La primera fue un ataque físico del hombre a su ex mujer. “Me agarró en el baño y me empezó a pegar hasta que caí desmayada”, recordó Iris. El de setiembre fue contra la hija mayor de ambos, de 14 años. “Le pegó un golpe en la cara, la llevó a patadas hasta el dormitorio y ahí la quiso ahorcar”, contó.
El problema de la custodiaLa prevención, el cuidado de Iris Lucero tiene falencias. Apenas un rondín pasa cada dos o tres horas por su casa. “Sacar un efectivo de guardia y ubicarlo permanentemente en la puerta de su casa o en la de cualquier otra donde sea solicitado afecta la operatividad de las unidades, que ya tienen escaso personal”, indicó ayer una fuente policial.
Como ejemplo, el personal de efectivos por guardia en la Comisaría 12, la principal de la zona, no supera nunca los 8 policías y con ellos se debería cubrir todas las necesidades del turno, incluida la guardia en los 7 destacamentos.
La casa de Iris está ubicada en el barrio Santa Rita, de La Colonia, en Junín, y la subcomisaría que tiene a cargo esa jurisdicción tiene menos personal disponible que la comisaría de San Martín.
“Puede correr riesgo la vida de la víctima”La abogada y experta en violencia de género Carolina Jacky indicó ayer que “la Ley de Violencia de Género tiene todas las respuestas y todas las soluciones, les da amplísimas facultades a los fiscales y jueces, y es necesario que la conozcan y la apliquen”.
Además indicó que “la desobediencia a una orden judicial es un delito y en casos como estos hay que tener en cuenta que con la desobediencia a la prohibición de acercamiento puede correr serio riesgo la vida de la víctima, por lo que se deben extremar los recaudos”.
También reclamó que las fiscalías cumplan con la orden de la Procuración de unificar las causas que tengan a una misma víctima y a un mismo denunciado, y que se implemente un sistema informático para que la información esté disponible en todas las jurisdicciones.
