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Un inmueble particular, con deuda hipotecaria, fue subastado pese a que desde el Movimiento en Defensa de la Vivienda Familiar alertaron que una ley suspendió estas ejecuciones hasta fin de año.

En San Rafael denuncian que se remató ilegalmente una casa

En San Rafael denuncian que se remató ilegalmente una casa

José Luis Salassalas.jose@diariouno.net.ar

Le subastaron la casa a una familia sanrafaelina por una deuda hipotecaria acumulada desde la crisis de 2001, pese a que, según denuncian, están amparados por la ley que mantiene suspendidos hasta fin de año los  remates de las viviendas familiares únicas.
La propiedad, situada en Belgrano 2124, en barrio TAC, fue puesta a remate con una base de $50.502 y con valor fiscal de más de $72.000. En el subsuelo del edificio judicial local se hizo una primera ronda de ofertas a sobre  cerrado y luego una segunda a viva voz, donde finalmente fue adquirida por uno de los doce oferentes presentes por un total de $296.500. Sobre la casa, propiedad de Walter Bustos, pesaba una deuda con el Banco Hipotecario originada después de la última gran crisis, al comenzar a acumularse cuotas impagas en dólares. Marisa Reynals, ex esposa de Bustos, pero que vive en la vivienda junto con sus hijos, explicó que “con la crisis que hubo dejamos de pagar porque la cuota se elevó mucho, ya que estaba en dólares, y entramos en juicio con  el Banco Hipotecario. Luego tuvimos abogados diferentes y nos empezaron a tratar el tema. Ahora llegamos a esta instancia”. En el tiempo transcurrido desde entonces el remate se ha ido postergando por efecto de las leyes que se sancionaron para amparar a quienes tenían en riesgo su vivienda familiar única con deudas hipotecarias. Horas antes del remate la familia afectada realizó un último intento para frenarlo con una presentación judicial en el Cuarto Juzgado Civil, a cargo de María del Carmen Cubillos, pero no hizo lugar al pedido, por lo que la  subasta se terminó haciendo ayer al mediodía. No obstante, aún no se producirá el desalojo de la vivienda debido a que los residentes tienen una posibilidad de apelar la medida, pero sólo les queda un plazo de apenas unos días para ello. Este caso recibió el apoyo de Modevifa (Movimiento en Defensa de la Vivienda Familiar), entidad que ha tenido activa participación en situaciones similares y que años atrás promovió la sanción de leyes para proteger a la  gran cantidad de personas con riesgo de perder sus viviendas que hubo en la última década. La delegada local, Ana Elsa de Correa, consideró que la jueza a cargo de este caso ha hecho una “mala interpretación” de las normas provinciales que defienden las viviendas familiares endeudadas. Se trata de las leyes  8.005, 8.182 y modificaciones, que prorrogaron el plazo para evitar remates. El último se fijó el 31 de diciembre de este año, “sobre todo a quienes están inscriptos en el Registro de Deudores Hipotecarios de Vivienda Familia Única”, en el que la familia afectada se anotó en 2005. Además, dijo que los ampara la Ley 7.684, que indica que “es el juez el que tiene que hacer el recálculo de la deuda y darle la oportunidad de ver la forma de pagar. No se ha dado lugar a ninguna de esta cosas”. Desde Modevifa aseguraron que 29.600 familias de toda la provincia pudieron recuperar sus viviendas con las leyes y diversas gestiones realizadas ante las autoridades en los últimos años, pero aún quedan 600 casos para  solucionar en los meses que restan del año.

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