Las empresas, por desconocimiento, no saben que tienen beneficios impositivos por emplear a personas con alguna limitación. Organizaciones privadas y y del Estado promueven la inclusión de esa "minoría" social que suma 228 mil personas.
En Mendoza sólo una de cada diez personas discapacitadas tiene trabajo
En Mendoza sólo 1 de cada 10 personas discapacitadas trabajan y otros 2 de esos 10 no tienen edad para hacerlo. Sin embargo, hay un grupo de organizaciones públicas y privadas que colaboran en la inclusión laboral y promueven un avance progresivo de la conciencia social a favor de la integración en las empresas.
La barrera mental es señalada como el principal impedimento en la inclusión de personas con discapacidades mentales, motrices, auditivas, visuales o viscerales (del corazón, pulmones) en el mundo del trabajo. Y en particular el inapropiado sistema público de transporte coarta oportunidades sobre todo cuando se trata de una limitación motriz.
La víspera del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra mañana, es la oportunidad de recordar que el censo poblacional del INDEC en 2010 demostró que 228.142 mendocinos poseen alguna “dificultad o limitación permanente”. Para tener una idea sobre la dimensión de esta cifra basta con pensar que es casi el doble de la cantidad de habitantes de la Capital de Mendoza (115 mil personas) y supera la población de cada uno de los departamentos, a excepción de Guaymallén, la comuna más poblada, que tiene 283.803 habitantes.
Cuando alguien pregunta “¿Dónde está esa cantidad de personas discapacitadas?”, María Amelia Schilardi, empleada en YPF y voluntaria del Club de Empresas Comprometidas de Mendoza, responde desde su experiencia de trasladarse a diario en silla de ruedas: “Están en sus casas”.
Para su desarrollo e integración en la sociedad una persona con discapacidad necesita del acompañamiento económico y presencial de su familia y su entorno más cercano. Sólo con paciencia y los recursos necesarios se pueden afrontar las dificultades que excluyen a un niño o joven que tiene limitaciones físicas o mentales. Esto explicaría por qué la desocupación alcanza al 66% de esta “minoría” social (ver infograma) y llegaría al 95% en personas discapacitadas con bajos recursos.
Este último dato surge de la realidad cotidiana que observan en la Dirección Provincial de Atención Integral a Personas con Discapacidad. La jefa del Servicio de Promoción Laboral, Judith Maldonado, explica que la mayoría de las personas que atienden en esa oficina se encuentran en una situación económica vulnerable: “Quienes no vienen acá o no se certifican es porque están en una situación social cómoda, tienen un contexto socioeconómico que los contiene o han generado su propia empresa”.
La dirección, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, continúa realizando operativos en los departamentos para entregar el Certificado Único de Discapacidad (CDU), que posee menos del 10% de la población discapacitada en la provincia.
“A veces no saben que pueden gestionar el certificado y de esta manera acceder a muchos derechos. Nosotros estamos haciendo un trabajo lo más federal posible, para certificar a la mayor cantidad posible por departamento”, dice María Cutuli, la directora de Atención Integral a Personas con Discapacidad.
El CDU permite acceder a servicios sociales (como la asignación familiar o la asignación universal por hasta $1.200 mensuales y cobertura médica de PROFE), pero también beneficia con reducciones impositivas a las empresas que contratan personas con discapacidad.
Discapacidades adquiridas
“La discapacidad es un colectivo al que nunca podés decir que no vas a subir”, afirma Germán Ejarque, titular del Consejo Provincial de Personas con Discapacidad, quien advierte que a nivel nacional el 75% de las personas adquirió la discapacidad en el transcurso de su vida y sólo el 25% la tiene de nacimiento.
Y María Schilardi, del Club de Empresas Comprometidas, agrega que “los accidentes de tránsito y las enfermedades cardiovasculares (generalmente provocadas por estrés) son hoy las principales causas de discapacidad”.
Por este motivo, además de los adolescentes que han desarrollado habilidades y adquirido conocimiento en escuelas especiales hay un gran número de mendocinos que se han formado en distintos ámbitos educativos y laborales antes de adquirir “limitaciones en la actividad o restricciones en la participación”, según define la Certificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), de la Organización Mundial de la Salud.
Stella Maris Rodríguez es una entre los miles de mendocinos incluidos en esta categoría. Ella tenía 26 años y trabajaba en forma autónoma vendiendo alfajores mientras criaba a sus tres hijos cuando en su moto sufrió un accidente de tránsito a partir del cual perdió una pierna.
“Como yo no hacía aportes, no me pude jubilar y comencé a ver lo injusto que era esto. Me siento capaz, tengo presencia y soy muy dispuesta. Antes no me faltaba trabajo, pero ahora no sé qué pasa. ¿Es que tenía el cerebro en la rodilla? Ser bueno en un trabajo no lo impide que no veas con un ojo, que tengás un problema de riñón o andés en silla de ruedas”, protesta Rodríguez y al mismo tiempo repudia la pena que alguna vez le expresaron en calle por su situación. Ella está en contra de todas las etiquetas que discriminan: “Muchos padres buscan a toda costa que declaren a su niño discapacitado, pero no saben que ese sello después no se lo quita nadie”.
Las injusticias que comenzó a percibir Stella desde que tiene una pierna ortopédica como compañera de vida la llevaron a fundar en 2004 una Asociación Solidaria para la Inserción Laboral del Discapacitado (ASPLID), que ofrece capacitaciones laborales en distintos oficios: computación, auxiliar de geriatría o de jardín maternal, cortador de carne, mozo, camarera; además de un curso para mayores de 25 años que no hayan terminado el secundario y quieran rendir el coloquio para ingresar en algún terciario.
Aunque existen otras instituciones que también capacitan en este sentido, el factor diferencial de ASPLID es que “no funciona como terapia ocupacional sino que los prepara para salir a trabajar en las empresas”, dice Rodríguez y afirma que la inserción laboral de los alumnos se sostiene en un sistema de pasantías en empresas.
Autoempleo, otra alternativa
En la Dirección Provincial de Atención Integral a Personas con Discapacidad dicen que la mayoría de las personas que se acercan al organismo tienen las condiciones para generar un autoempleo. El organismo analiza las motivaciones, intereses y posibilidades de cada persona. “No le conseguimos un trabajo, sino que la acompañamos en la tarea de encontrar uno”, dicen desde el organismo.
