En 2012, Mendoza había descartado las pulseras magnéticas

Con este sistema el Estado se aseguraría de que un reo con encierro a domicilio o una salida temporal con regreso a la cárcel, no escape ni delinca ya que cualquier movimiento, además de ser seguido a través de un GPS, dispara el dispositivo alertando a las fuerzas de seguridad para que intervengan de inmediato.

Este fue el anuncio principal de otros tantos que ocuparon a la comisión de Enlace la que se concentró en la política penitenciaria.

Por eso, también se avanzó en la iniciativa de construcción de una nueva cárcel pero con la novedad de que se levantará con fondos privados que el Estado, una vez concluida y en sus manos, pagará a sus constructores en un plazo de siete años.

Prometieron además, concluir en el primer trimestre del 2015 las obras de la cárcel para presos federales con capacidad para unos 600 internos que está en plena ejecución, frente a la de máxima seguridad en Campo Cacheuta.

Se viene la segundaEn 2012, el gobernador Francisco Pérez se encaramó en una iniciativa similar para comprar 100 pulseras magnéticas pero finalmente rechazó la oferta licitatoria bajo el argumento de que era muy oneroso el precio que exigía la empresa proveedora por el dispositivo, monto que llegaba a $1,8 millones.

Esta vez, el ministro de Gobierno Arturo Lafalla dio la novedad de que “si todo marcha sin demoras antes de fin de año tendremos 100 pulseras operativas”.

La diferencia con la experiencia anterior es que el Estado provincial no las compraría sino que contrataría el servicio, lo que incluye forzosamente el monitoreo: “El costo previsto es de $5,9 millones” precisó Lafalla.

El ministro aclaró además que “será una prueba piloto y si funciona bien ampliaremos el uso”.

Pero el llamado a licitación no será inmediato ya que aún restan un par de dictámenes de carácter técnico informático de parte de institutos especializados y la Universidad Tecnológica Nacional.

La experiencia más cercana y masiva del uso de pulseras de seguridad está en la Provincia de Buenos Aires que tiene 1.000 dispositvos activados.

La necesidad de utilizar la pulsera magnética responde a que ya ha muchos condenados o reos bajo proceso y con régimen de prisión domiciliaria no pueden ser controlados por el servicio penitenciario que no tiene suficiente personal para regentear el cumplimiento del sistema.

¿Vuelve la política de Estado? Tras un nuevo encuentro, la flamante Comisión de Enlace de Seguridad que integran el Gobierno, legisladores y la Corte dio la novedad de que acordaron reunirse periódicamente cada 15 días. Esta mecánica de trabajo (salvo por la tarea de la Comisión Bicameral de la Legislatura)no se ve desde hace años y estaría reflotando sin demasiada pompa el intento de trazar desde los tres poderes políticas de Estado, aprovechando el espacio y el acuerdo para algunas medidas tangibles de largo plazo, pero enfrentando fundamentalmente el impacto diario del delito en la ciudadanía.

►"Si no se presentan inconvenientes las tendríamos antes de fin de año. Se trata de 100 pulseras y nos costarían $5,9 millones” (Rodolfo Lafalla, ministro de Gobierno de Mendoza).

►"Es importante ver lo de las pulseras porque hoy no creo que tengamos personal para controlar a 250 personas que están en arresto domiciliario” (Héctor Quevedo, titular de la Bicameral de Seguridad).

►"La propuesta de las pulseras nos la han explicado muy someramente y hemos pedido que se den detalles técnicos y qué alcance tendría” (Rodolfo González, Procurador de la Suprema Corte).