Alejandro [email protected]
Carlos Böhm, juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza desde hace 17 años, presentó ayer su renuncia al cargo y le abrió la posibilidad al gobernador Francisco Paco Pérez y al Partido Justicialista, de colocar por segunda vez en menos de dos años, un nuevo ministro en el máximo tribunal.
El magistrado de 74 años dimitió con el fin de acogerse a la jubilación, trámite que acaba de iniciar y que una vez que esté concluido hará efectivo su retiro del tribunal supremo.
Hace pocos meses, fue denunciado ante la Cámara de Diputados bajo la sospecha de beneficiar a una jueza en una demanda por accidente de trabajo, pero la Legislatura rechazó y archivó el pedido de juicio político en primera instancia.
Se cree que el trámite jubilatorio de Böhm no demoraría más de tres meses, por lo que antes de fin de año sería designado su remplazante. Sin duda alguna, el nuevo supremo que llegue a la Corte provincial será de cuño peronista, como lo fuera el propio Carlos Böhm.
El magistrado ingresó en la Corte en 1997, ya con una carrera judicial sobre sus espaldas y con la estrella de haber conseguido, como fiscal, que fueran condenados los acusados del resonante doble homicidio de Armando Nito Neme y Carlos Ros.
Fue propuesto por el ex gobernador Arturo Lafalla, tras haber militado en el peronismo desde la década del ’60, sufrir el exilio en la última dictadura y desempeñarse como fiscal del crimen.
En una Corte que desde 1983 tuvo, hasta hace dos años, una mayoría casi absoluta de supremos de la Unión Cívica Radical, el peronismo no cederá el puesto que deja Böhm.
Actualmente, la integración de la Corte, cuyos cargos son vitalicios, tiene cuatro jueces vinculados al radicalismo y tres al PJ, y el remplazo de Böhm mantendría la proporción.
Pero además –esto definirá la discusión–, el justicialismo tiene los votos suficientes en el Senado para aprobar al candidato que el gobernador Francisco Pérez le proponga. En consecuencia, no le hace falta negociar con la oposición.
De hecho, así sucedió con los dos últimos magistrados que entraron al tribunal supremo, en los que el PJ contaba con los votos necesarios.
El juez Mario Adaro llegó a la Corte en 2011, en la gestión de Celso Jaque y con un fuerte perfil político, luego de ser subsecretario de Trabajo y ministro de Gobierno del malargüino.
Propuesto para remplazar a Aída Kemelmajer de Carlucci, le alcanzó con la fina mayoría peronista del Senado para ser aceptado.
En tanto, Omar Palermo arribó a la Corte en 2012, impulsado por el gobernadorFrancisco Pérez para ocupar el cargo que dejó Fernando Romano.
Su trayectoria en la Justicia local y su fuerte rol como fiscal federal en los juicios de lesa humanidad le valieron el apoyo del oficialismo y también de los radicales.
Pero, además de sus blasones, Palermo es amigo personal de Paco y está vinculado al kirchnerismo a través del movimiento de Justicia Legítima, que promueve profundos cambios en la Justicia.
Como el recambio no será de un día para el otro, el gobernador tiene tiempo de sobra para buscar al nuevo nominado a la Suprema Corte.
La Constitución le da la potestad al gobernador, y solo a él, de proponer a quien quiera para ocupar un puesto en el máximo tribunal, con los requisitos que impone la Carta Magna.
Pero es el Senado el que tiene la última palabra para aceptar o rechazar lo que Francisco Pérez le ofrezca, por lo que el gobernador deberá enviar un nombre, no solo a partir de lo que evalúen su saber y entender, sino que además conforme a los hombres de su partido, quienes tendrán la llave de la aprobación en la Cámara Alta.


