Seis de los diez diputados nacionales por Mendoza ya tomaron postura frente a la iniciativa presentada la semana pasada por la legisladora kirchnerista Adela Segarra.
El proyecto para legalizar el aborto genera muchas controversias
Seis de los diez diputados nacionales por Mendoza están de acuerdo –aunque con diferentes visiones– en tratar una norma que regule el problema del aborto en Argentina, tras ser presentado la semana pasada un proyecto de la diputada kirchnerista Adela Segarra que permite la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.
Con diferentes matices, Guillermo Carmona y Dante González, del Frente para la Victoria, y Luis Petri, Patricia Giménez y Enrique Vaquié, de la UCR, opinan que es hora de dar un debate al respecto en el ámbito del Congreso de la Nación, pero sin despegarse de la negativa para autorizar el aborto. Mientras, Nicolás Del Caño del Frente de Izquierda, ya dejó en claro que está totalmente de acuerdo con otorgar ese derecho a las mujeres y por eso votará afirmativamente la iniciativa si ésta llega al recinto tal cual está presentada. Segarra en su proyecto estipula que deben ser derogados 4 artículos del Código Penal, del 85 al 88, para legalizar el aborto en el país. Esto significa que suprime las penas para los médicos que realicen esa cirugía, para las mujeres que lo soliciten y deja sin efecto el artículo 86, que contempla el aborto no punible considerado así cuando la gestación pone en peligro la salud de la mujer, cuando el feto es producto de una violación o cuando la mujer es discapacitada. También el proyecto solicita que el sistema de salud, ya sea en hospitales públicos o clínicas privadas, disponga de servicios adecuados para abordar la salud de la mujer antes y después de la interrupción del embarazo. Carmona rescató la importancia de colocar este tema en la agenda de Diputados. Sin embargo, se diferenció de la propuesta de Segarra ya que está de acuerdo con despenalizar a la mujer que se practica un aborto, pero tiene dudas respecto a legalizarlo. “Penalizar a una mujer que se practica un aborto me parece un anacronismo porque en general se trata de mujeres muy humildes que se someten a abortos en condiciones muy precarias. Es decir, encima que pasa por un aborto tener que procesarla, no me parece. Lo que sí tengo muchas inquietudes es sobre hasta dónde el sistema de salud debe llegar con la respuesta al aborto. Creo que hay que trabajar fuertemente en lo preventivo, pero no sé si legalizar el aborto, hay que discutirlo y analizarlo muy detenidamente”, explicó. Más cerrado respecto al proyecto y a los casos de abortos no punibles, su compañero de bloque Dante González consideró que “en un país democrático, todos los debates hay que darlos. Ahora, yo sólo admitiría el aborto si se trata de un chica discapacitada, que no puede tomar decisiones por sí misma”. La posición de González es muy similar a la tomada por la gestión de Francisco Pérez, quien decidió no reconocer la plena vigencia del artículo 86 del Código Penal, que incluye a las chicas discapacitadas, y también a las víctimas de violaciones y de enfermedades incompatibles con el embarazo. Por esto, en Mendoza aún no hay un protocolo para atender a las mujeres que se encuentran bajo esas circunstancias. Por el lado del radicalismo, tanto Luis Petri como Patricia Giménez siguen los lineamientos planteados por su líder, Julio Cobos: no votarán nunca a favor de legalizar el aborto, aunque apuestan a fortalecer la educación sexual y los programa de salud reproductiva como medidas para frenar los embarazos no deseados. Además reclaman que se cumpla con lo que ya establece la ley para los casos no punibles de interrupción de embarazo, contenido en el artículo 86 del Código Penal. De todos modos, Petri tiene puntos de coincidencia con Carmona sobre no condenar a la mujer que se practica un aborto. “No sé si la respuesta es llevarla a la cárcel, pero seguro que algún tipo de sanción debe haber para esa persona, porque el bien jurídico a cuidar es la vida. Por lo demás, yo no creo que debamos cambiar nada de lo que está legislado”, indicó Petri A su turno, Patricia Giménez dijo que “yo soy respetuosa de las estadísticas y los que apoyan al aborto hablan de números que están en negro, que demuestren cuántos abortos se hacen por año para decir que es un problema de salud pública. Por otra parte, si hay tanta plata puesta en salud reproductiva o educación sexual desde hace años, ¿qué pasa que no está dando resultado?, ¿dónde está ese dinero invertido?, ¿qué pasa que no llega a la gente ese dinero?”. En resumen Derecho pleno. El artículo primero del proyecto de Segarra indica que toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación. Aspectos claves. El proyecto agrega que toda mujer puede decidir abortar en caso de violación acreditada por denuncia judicial o formulada en el sistema de salud. También si el feto sufriera malformaciones graves o si está en riesgo la salud de la mujer. Acceso gratuito. El sistema de salud público brindará este servicio de forma gratuita y garantizando su fácil acceso. Y los servicios privados deben incorporar también este servicio con plena cobertura.
