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El kirchnerismo más acérrimo puso contra las cuerdas al juez federal Claudio Bonadio, quien investiga empresas, negocios y bienes de la mismísima familia presidencial santacruceña. Ayer, como en el Consejo de la Magistratura no contaba con los nueve votos necesarios para poner en marcha la demoledora maquinaria del juicio político por mal desempeño –con suspensión incluida–, ajustó la mira y pegó en otro flanco: el bolsillo del magistrado, a quien le descontarán el 30% de su sueldo por un mes, aproximadamente $20.000, gracias a los siete votos que apoyaron el espíritu de la propuesta del ministro de Justicia, Julián Álvarez, en ese organismo integrado por diversos actores de la vida jurídico-política nacional. El funcionario enrolado en La Cámpora había pedido que a Bonadio le redujeran el salario a la mitad, como penalización económica por la demorada instrucción de dos causas judiciales.
Sin embargo, para muchos Bonadio estaría pagando con creces haber iniciado una pesquisa sobre la empresa Hotesur y, aun más, por haber solicitado, en ese contexto, entre la documentación de altísimo impacto probatorio, las declaraciones juradas de bienes personales de Cristina Fernández, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y del empresario K Lázaro Báez. A la hora de la votación a cargo de los consejeros, el plan oficialista se impuso por un voto: 7 a 6. La definición estuvo a cargo de la ultrakirchnerista Gabriela Vázquez, quien preside el consejo desde hace dos semanas. Bonadio, según se dijo desde sus dominios, en la sede judicial de Comodoro Py 2002, esperará conocer los fundamentos del Consejo de la Magistratura para apelar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación con expreso pedido de revisión, lo que en principio considera una decisión “arbitraria”. Si la Corte que preside el rafaelino Ricardo Lorenzetti entra en escena, el caso Bonadio abrirá otro frente de conflicto institucional. En rigor de verdad, será la renovación de una puja de poder entre los poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación, que durante la década kirchnerista ha tenido momentos de paz, elogios y renovación, pero también varios capítulos picantes. Por sorpresa La sanción económica a Bonadio se conoció al mediodía en el edificio ubicado en Libertad 731 de Capital Federal, donde el mendocino Luis Leiva fue destituido en 2002, de manera sorpresiva, ya que su tratamiento no figuraba en el temario. Aunque sí había otro asunto, que aparecía como central, pero que terminó oliendo a oportunidad y a excusa: el desempeño del juez en dos causas: la privatización del astillero Tandanor y los créditos incobrables a Curtiembres Yoma de los ’90. Para el oficialismo, Bonadio favoreció, con su retardado accionar, maniobras fraudulentas en perjuicio del Estado y “en beneficio de los responsables, a quienes les garantizó impunidad”, en alusión al menemismo, sector que impulsó a Bonadio en los albores de su carrera judicial. Reacciones “El kirchnerismo acaba de reducir el 30% el sueldo de Bonadio como represalia por las investigaciones que involucran a la Presidenta”, destacó el legislador macrista Eduardo Amadeo, que propuso que se complete el salario del juez a través de “una suscripción popular”. Ricardo Recondo, titular de la Asociación de Magistrados, dijo que el Gobierno intenta “controlar jueces” y “cooptar” al Poder Judicial. “El juez que investiga es perseguido, y el que tapa es premiado”, agregó. Su carrera Se recibió de bachiller en 1973. Militó en la organización de la derecha peronista Guardia de Hierro y en 1983 se integró al Frente de la Unidad Peronista. En los ’90, el menemista Carlos Corach lo ubicó en la Justicia federal, aunque no era de carrera. Su nombre y apellido estaban en la famosa servilleta de Domingo Cavallo y los jueces afines. Entre otras, tuvo a cargo la causa Skanska. Ahora, investiga los negocios de Hotesur vinculados a la familia presidencial, lo que lo pone en la mira. Así se votó la sanción económica A favor de la multa económica al juez federal Claudio Bonadio votaron los consejeros Julián Álvarez (representante del Poder Ejecutivo Nacional y secretario de Justicia de la Nación), Daniel Candis (representante de los académicos), Pablo González (senador del Frente para la Victoria), Héctor Recalde (diputado del Frente para la Victoria), Eduardo Wado de Pedro (diputado del Frente para la Victoria), Ruperto Godoy (senador del Frente para la Victoria) y Gabriela Vázquez (jueza y presidenta del Consejo de la Magistratura). En contra de la sanción y a favor de la desestimación del expediente contra el magistrado votaron Luis Cabral (representante de los jueces), Leónidas Moldes (juez), Gustavo Valdés (diputado de la Unión Cívica Radical), Ángel Rozas (senador de la UCR), Graciela Donato y Miguel Piedecasas (ambos en nombre del Colegio de Abogados). La multa del 30% que se aplicó a Bonadio es la sanción económica más severa que prevé el reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura. “De hasta el 30%”, dice el articulado. Advertencia y apercibimiento son otras formas de sanciones para las cuestiones ligadas a la ineficacia de la prestación del servicio de justicia. Potestad disciplinaria El sitio oficial del Poder Judicial de la Nación en internet explica el funcionamiento interno del Consejo de la Magistratura y sus diversas comisiones. Acerca de la denominada Disciplina y Acusación, dice: “En ejercicio de la potestad disciplinaria, el consejo podrá proceder de oficio o ante una denuncia que le efectúen otros órganos del Poder Judicial, magistrados, funcionarios o particulares que acrediten un interés legítimo”. Está integrada por nueve miembros y más de la mitad deben estar presentes en las sesiones. El presidente de la comisión será considerado un integrante más para lograr el quórum que habilite la sesión.
