Mendoza Viernes, 13 de julio de 2018

El incendio en el que los dos chicos se salvaron de milagro se inició por un cortocircuito

Los chicos estaban solos en la casa de Las Heras que se prendió fuego. Empleados del OAL dicen que están desbordados.

La situación de desprotección de una niña de 5 años y su hermanito de 2, que viven junto con su madre y la pareja de ella en una casa de la calle Lisandro Moyano, en Las Heras, mostró la faceta más vulnerable del Estado: la del sistema de restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En este caso, los chicos se encontraban solos en su hogar y se produjo un cortocircuito que provocó un incendio. Podrían haber muerto. Pero la niña, con absoluta destreza, salvó a su hermano y se puso a salvo ella. Los vecinos llamaron a los bomberos y los niños fueron internados en el hospital Carrillo, pero de allí se los llevó la madre. Por la noche los encontraron con ella y fueron llevados otra vez al Carrillo.

Sin embargo, hay cientos de situaciones similares, y no todas terminan bien. En el caso de Caterina Cardozo, una niña de 3 años que fue abusada y asesinada por su padrastro, la historia concluyó en tragedia y el telón de fondo es el mismo: el funcionamiento deficiente del sistema de protección estatal de niños, niñas y adolescentes, por la falta de articulación de las áreas del Estado que deben responder, como el Órgano Administrativo Local (OAL) y la interminable cadena burocrática en la que se diluye la responsabilidad que, literalmente, mata niños.

El nuevo caso puso en foco, otra vez, la ausencia de un protocolo de actuación cuando se vulneran los derechos de los chicos. La madre de los pequeños ya había sido denunciada por falta de cuidados infantiles en el 2016. Luego la situación mejoró y el OAL consideró que no debía continuar la intervención.

Quien respondió por estas circunstancias y la cuestión de fondo fue la directora de Promoción y Protección de Derechos, Daniela Torres. No negó lo sucedido ni los inconvenientes de gestión que afectan a las dependencias que ella representa, pero hizo hincapié en que la nueva Ley de Minoridad que se presentó la semana pasada busca determinar responsabilidades e incumbencias de cada estamento que participa en el sistema de protección.

Los trabajadores no pueden dar respuesta. Diario UNO tuvo acceso a una serie de denuncias que realizan los empleados del OAL, quienes pidieron resguardo de su nombre. Según contaron, la situación es por demás alarmante, no sólo por la cantidad de expedientes que tienen que seguir (en el OAL de Las Heras hay más de 1.000, repartidos en 6 grupos de trabajo), sino por la falta de recursos. Explicaron que trabajan 12 horas en turnos rotativos (de 8 a 20). Algunos de estos grupos funcionan sin un profesional a cargo, sino sólo con operadores técnicos. Hay operadores que tienen que seguir más de 200 expedientes y no dan abasto.

Uno de ellos contó, sin eufemismos, cómo es el procedimiento cuando ingresa una denuncia.

Generalmente, los casos vienen por derivación del centro de salud o la escuela. Si son por causas como la "falta de cuidados infantiles" -tal y como era la denuncia del 2016 de estos niños- la OAL determina qué intervención pedirá. Si no hay caso de riesgo psicofísico, el que se pone en acción es el municipio. Si desde la comuna avisan que no pudieron dar con el niño o niña y en la vivienda no había nadie, interviene nuevamente el OAL. Allí se determina si se pedirá una búsqueda de paradero. Si se pide el rastreo, la que lo realiza es la Fiscalía de Homicidios y la que lo ejecuta es la policía. Pero, claro está, la fiscalía tiene cientos de pedidos de averiguación de paradero, algunos más acuciantes que otros.

"A esta altura -dice el empleado consultado- al niño o niña afectada se le intensificaron los efectos de la desprotección de la que es víctima. Si estaba sufriendo abusos, seguramente se repitieron. Si era golpeado o golpeada, esos maltratos se intensificaron. Y lamentablemente, cuando los casos se hacen visibles, es porque la situación se volvió extrema".

Exceso de casos

La coordinadora del OAL Daniela Torres no negó la situación. Acerca del caso puntual de los niños sobrevivientes del incendio, aseguró que los están buscando y una vez que den con ellos, se resolverá la situación que se acerque a la restitución de sus derechos.

En cuanto a los argumentos de los empleados, aseguró: "El problema es que el OAL no es un engranaje del sistema de protección de los chicos, se ha vuelto el sistema en sí. Y lo cierto es que hay que hacer participar a todas las áreas involucradas en esa cadena, como Salud, Educación y los municipios también, Al OAL deben llegar sólo las situaciones en las que haya riesgo psicofísico de los niños. El problema es que no ha habido protocolos de intervención, lo único que existe es una acordada judicial. Es una locura que nosotros tengamos que recibir todos los casos".

Torres destacó la importancia del nuevo Código de Minoridad y Familia y el Régimen Jurídico de Protección de Personas Menores de Edad. En ellos se ha hecho foco en determinar las competencias de cada área, y los protocolos de intervención. En resumen, todo lo que actualmente no funciona,