Por Carina Luz Pé[email protected]
El Gobierno provincial recusó al juez de la Suprema Corte Jorge Nanclares para evitar que intervenga en el conflicto generado por la oposición por el financiamiento de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), cuyo decreto 2.075 firmó el gobernador Francisco Pérez en noviembre.
La decisión del primer mandatario arrastró la presentación ante la Corte de un recurso de inconstitucionalidad, el 5 de diciembre, por parte de los demócratas en la Sala 1 y por la senadora radical y precandidata a la gobernación Laura Montero, en la Sala 2, ayer, bajo el argumento de que un decreto no puede modificar la ley de las PASO, la 8.619, aprobada por unanimidad en la Legislatura. Además, los gansos solicitaron suspender los efectos del decreto hasta tanto se resuelva la cautelar, mientras la legisladora nacional incluyó otra medida innovativa para que el Ejecutivo finalmente integre al presupuesto 2015 fondos destinados a la publicidad electoral para todos los partidos, tal cual dispone la norma.
“El Gobierno recusó sin causa al ministro de la Corte Nanclares. Uno de los autores del fallo a favor de la UCR por el Presupuesto 2014”, tuiteó por la mañana el secretario legal y técnico Gustavo Tobares para comunicar la estrategia. El Código Civil permite recusar a un juez sin dar explicaciones jurídicas, porque de eso se nutre la herramienta. Tobares mencionó además el voto de Nanclares y Pérez Hualde del 30 de junio pasado, cuando el radicalismo denunció que el Gobierno provincial había aprobado el endeudamiento sin los dos tercios de los votos, como exige la Constitución.
Con esta recusación, el Ejecutivo intenta contener el avance judicial de la oposición sobre la legitimidad del decreto, y ganar tiempo para alcanzar las elecciones en Capital y San Carlos, con el mismo esquema: dinero para todo el proceso electoral, pero no para la publicidad en medios.
El pedido del Partido Demócrata, al ingresar días antes, implicaba que la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza debiera expedirse la semana entrante sobre si aceptaba tratar el pedido de inconstitucionalidad, lo que era muy probable. Esa sala está integrada por dos hombres procedentes del radicalismo, Jorge Nanclares y Alejandro Pérez Hualde, y Omar Palermo, cercano al peronismo.
En cambio, en la Sala 2 de la Corte, el escenario es diferente, porque está integrada por dos hombres del justicialismo, Mario Adaro y Carlos Bhöm, y Herman Salvini, del radicalismo.
De todos modos, es sólo cuestión de tiempo, porque si Nanclares no puede intervenir en la resolución del pedido de inconstitucionalidad, la Sala 1 debe integrarse con el miembro de mayor rango de la Sala 2, en este caso, Salvini.
Qué dice el decreto“Suspéndase, para las elecciones provinciales y/o municipales que se realicen durante el año 2015, la obligación establecida en la Ley 8.619, del Estado provincial, de financiar las campañas de publicidad electoral de las agrupaciones políticas en emisoras de radio, televisión, o sonora abierta y/o suscripción y/o medios gráficos y/o por cualquier otro medio, en las primarias abiertas como en las generales. En función de lo expuesto, suspéndase también la prohibición dispuesta por la Ley 8.619 a las agrupaciones políticas de contratar en forma privada, por sí o por terceros”.
Qué dice la oposiciónAseguran que el decreto les quita transparencia a las elecciones porque deja la puerta abierta a que cada partido cierre sus propios acuerdos con los medios y las empresas de publicidad, en lugar de ser el Estado el que distribuya equitativamente los recursos.
También argumentan que discrimina a los partidos pequeños que no tienen capacidad para obtener aportes de particulares Y finalmente señalan que es inconstitucional porque un decreto no puede modificar la ley, que es de mayor rango jurídico
Qué dice el GobiernoEmitió el decreto porque los recursos para la campaña electoral, como está planteada la ley, significan un monto muy alto. Y agrega que no había margen político ni temporal para plantear una modificación a la ley que permita adaptar el financiamiento de las PASO a la realidad local. Esto se explica por qué la norma 8.619 copió la letra de la ley nacional, pero sin tener presente que el Gobierno nacional es concesionario de las emisoras de radio y televisión, pero no el Estado provincial.
Esto significa que los medios cederán sus espacios de forma gratuita para los candidatos nacionales, pero las candidaturas provinciales y municipales son otro tema. En definitiva, es inaplicable por falta de recursos.Tal cual están las cosas ahora, los partidos deberían comprar los espacios, como siempre.
