En tanto, el Gobierno se mostró disconforme no sólo por el fallo –que dejaría en libertad a 874 presos– sino porque este resulta impracticable, desde el punto de vista de los recursos materiales y humanos con los que el Estado cuenta para hacerse cargo de la seguridad.
Discusión entre poderes Tras haber sido recibidos por jueces que no avalaban el proyecto –al menos no directamente, rubricándolo–, los funcionarios del Ejecutivo brindaron una conferencia de prensa, pero sin Cornejo. La que habló fue la vicegobernadora, Laura Montero, quien aseguró: “Estamos muy disconformes con que los magistrados que firmaron el fallo no estén aquí. Nos parecía una buena instancia de negociación. Nosotros queremos que el fallo se revea”. Agregó que esta determinación excede ampliamente la protección de los derechos de los presos que están sin condena y avanza sobre la legislación vigente, al introducir cuestionados plazos de ejecución de 48 horas (24 para que el fiscal presente las pruebas necesarias para mantener preso a un implicado y 24 más para que el juez decida qué hacer con él, sin dejarlo en libertad o dictar la prisión preventiva).También subrayó que el fallo señala una debilidad del sistema, al mostrar que existen situaciones que no se pueden resolver vía judicial en los tiempos que marca la acordada de la Suprema Corte.En conclusión, la relación entre poderes quedó más tirante aún de lo que estaba antes del encuentro. Tan así es que Cornejo y los pocos magistrados presentes se retiraron antes de las consultas periodísticas al respecto.
Respuesta directa Los supremos no salieron nunca de sus despachos, pero el mensaje de la Corte llegó de la mano de los dichos de Montero. La Suprema Corte convocó para este miércoles a las 9 a una audiencia con el procurador general y los representantes del Ministerio Público Fiscal, los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y los magistrados de Garantías y de Instrucción para establecer las pautas de implementación de la sentencia referida al hábeas corpus colectivo en favor de la ONG Xumek.
Alertan sobre el peligro de "la puerta giratoria" “Corremos el riesgo de que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra”.Así se pronunció el nuevo subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’Agostino, en referencia al polémico fallo de la Suprema Corte que favorece la situación de los detenidos en Mendoza. “Lo que no hace el informe es discriminar varias cuestiones. Por ejemplo, si esas personas están detenidas por causas federales o provinciales. Tampoco discrimina si están bajo la órbita del nuevo Código Procesal Penal o del viejo”, subrayó el funcionario en referencia a las falencias técnicas de la resolución de la Corte.
Lo más cuestionado ►Los límites que le coloca a la prisión preventiva, casi dejándola sin posibilidades de aplicación, según aseguran los críticos.►La medida que indica que el fiscal debe advertir al juez de Garantías de cada detención, en un plazo no mayor a las 24 horas. Y sólo un día más tendrá el juez para decidir si lo deja detenido o lo libera.►La prisión preventiva debe dictarse dentro de un plazo de 10 días posteriores a la imputación o de 6 días desde la detención o la indagatoria. El fallo advierte sobre otras posibilidades de detención, como la prisión domiciliaria. Sin embargo, no tiene en cuenta la falta de control que existe en cuanto a quienes cumplen una condena en sus casas.