Por Paola Piquerppiquer@diariouno.net.ar
En Mendoza 7 firmas le han pedido auxilio al Gobierno para seguir funcionando. Hacía 13 años no se daba un escenario así.
El desempleo duele más entre quienes no pueden morigerar el impacto
Dos datos alcanzan para demarcar el momento que atraviesan Mendoza y Argentina respecto del empleo y el freno de la economía.
El primero es que en nuestra provincia, por primera vez después de 13 años, siete firmas locales le pidieron a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia la declaración de “empresa en crisis”, una instancia previa a las suspensiones o despidos de personal.
Desde el 2001 que ninguna compañía o negocio, sea del tamaño que sea, se había presentado a esta instancia alegando problemas económicos producto de una recesión que comienza a apoltronarse en el país. Tanto cambió el escenario que entre quienes piden auxilio figura IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA), un gigante que trabaja para muchos países del mundo, pero que por estas horas plantea tener que dejar sin trabajo a cerca de 200 personas.
Las otras son pymes de los rubros publicidad, servicios médicos y limpieza, que si bien no están con el agua al cuello como para provocar expulsiones, sí necesitan reducir sus costos, por lo que plantean bajar salarios, adelantar vacaciones y/o suspender personal.
Perdón la insistencia: ¡13 años! que no se golpeaban las puertas del Estado en forma oficial reclamando beneficios impositivos para evitar la debacle. Actualmente, el Estado ofrece dos programas nacionales, creados en el marco de la Emergencia Ocupacional. Uno de ellos es el REPRO (Recuperación Productiva) y otro el de Sostenimiento del Empleo. La asistencia consiste en una suma de dinero por seis meses. Para acceder al envión, los privados deben acreditar el estado terminal, presentar el plan de recuperación y comprometerse a mantener el 100% de su personal.
El segundo dato sintomático es que el desempleo comienza a aparecer en las encuestas como la principal preocupación económica, por encima incluso de la inflación, que desde hace tanto tiempo carcome la tranquilidad y el bolsillo de los ciudadanos (pensar que en Uruguay, los políticos y los electores están furiosos porque no logran controlar el encarecimiento anual del costo de vida, que ya se ubica en 9%).
La consultora Managment & Fit entrevistó a 1.600 argentinos de Capital Federal y el interior. Al preguntar cuáles son los problemas que más preocupan saltó la inseguridad como opción más elegida (con el 82% de las menciones), seguido del desempleo, con el 52%, y recién en tercer lugar el aumento imparable de los precios, con el 49%.
En este análisis elijo excluir las cifras del INDEC, cuyos indicadores en la materia están cuestionados por sindicatos y consultoras privadas que aseguran que el desempleo está por lo menos 2 puntos arriba de lo que marca el organismo oficial, cuya credibilidad a raíz de la manipulación de las estadísticas no logra salir del pozo en el que cayó en el 2007, cuando el por entonces presidente Néstor Kirchner ordenó intervenirlo.
Esta vez, como tantas otras, el relato queda opacado por la realidad. El empleo, o la falta de él, se instala, se cuela, se impone.
“Sabemos que estamos al final del tobogán; el tema es dónde pega cuando uno sale. Esperemos que seamos capaces de caer en la arena y no en el adoquín”, dijo hace unas horas en una conferencia el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.
Rescato la frase porque habla en plural, haciéndose cargo.
El Gobierno carga con la mayor responsabilidad. Está claro. Pero también los empresarios, los gremios y la oposición deberán aportar su cuota parte. Porque cuando el porrazo es grande, duele más entre aquellos que no tienen ninguna posibilidad de morigerar el impacto.