Mendoza Miércoles, 22 de agosto de 2018

Dueños de taxis fueron a la Justicia contra Uber

"Es inconstitucional", aseguran en el amparo. En tanto, la Corte de la Nación aún no resuelve un planteo de choferes

La Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza presentó una acción de amparo en los tribunales provinciales contra la recientemente sancionada, pero aún no reglamentada, Ley de Movilidad, que abre las puertas a los sistemas Uber y Cabify, entre otros, para contratar taxis y/o remises.

"Estamos actuando frente a las inconsistencias, incongruencias e inconstitucionalidad que supone una norma redactada a las apuradas y con la única urgencia de beneficiar a grupos empresarios 'amigos del poder'", señala el comunicado de la institución que preside Fernando Sáez.

"Mientras el gobernador Alfredo Cornejo aún no termina de medir el impacto de una ley mal hecha y no se anima a promulgarla ni firmar el decreto reglamentario, los dueños de taxis continúan su plan de lucha", señala el documento distribuido a las redacciones.

A nivel nacional

En Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por cuestiones formales un recurso de queja interpuesto por el Sindicato de Peones de Taxi contra la empresa Uber.

Con este fallo, la Corte no ratificó la legalidad de la empresa Uber, tal como había trascendido, sino que desestimó la apelación presentada por el sindicato contra un fallo que hace dos años había determinado que conducir un Uber no era ilícito.

Según se indica en el fallo que fue dictado el pasado 14 de agosto y lleva la firma de los usías Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, se desestimó la presentación por un problema administrativo y no por la legalidad o ilegalidad de los choferes de Uber.

"Ante consulta de colegas, informo que la @CorteSupremaAR no se pronunció sobre la legalidad o no de la actividad de Uber; en un caso desestimó un recurso de queja ante el incumplimiento de recaudos previstos en la acordada 4/2007 (cuestiones formales)", escribió en su cuenta de la red social Twitter María Bourdin, vocera de la Corte.

El Sindicato de taxistas había apelado ante el máximo tribunal el fallo del juez Luis Zelaya de 2016 que fue ratificado por la Cámara del Crimen, y que seguraba que los conductores no cometieron ningún delito penal en torno al "entorpecimiento del transporte". El magistrado aseguró que "a lo sumo podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, pero no delitos".