Por Alejandra [email protected]
Dos altos portones de chapa provisorios y una Bandera argentina en el primer palo de un alambrado delimitan el ingreso a las casi dos hectáreas que hoy están en disputa en Tupungato. Luego de la entrada aparecen cerca de diez precarias habitaciones hechas con ladrillones huecos que ya ocupan distintos lotes y son habitadas por algunas familias. Esa es la escena que en las últimas semanas ha generado incertidumbre en los vecinos y controversias entre los dueños de los terrenos y los okupas.
“Este es un capital de la cooperativa que se compró como se debía gracias a ganancias que teníamos y que decidimos invertir. Todavía no sabíamos qué íbamos a hacer, pero era algo que se iba a ir estudiando con el tiempo y con el apoyo de los vecinos, para hacer algo lindo”, contó Raúl Mazzeo, presidente de la Cooperativa de Vivienda, Urbanización, Consumo, Servicios Sociales, Préstamos y anexo El Álamo. A nombre de esta institución privada está la escritura de un terreno ubicado en la parte posterior del barrio Presidencia III –uno de los mejores cotizados del departamento–, dividido en 45 lotes de 250m2.
Hace aproximadamente un mes, unas 35 familias han usurpado las tierras y levantan casas precarias, a pesar de que existe un acta de paralización de obras por parte del Municipio y una causa judicial que está en manos de la Primera Fiscalía de Tunuyán, a raíz de varias denuncias. Sin embargo, para eximirse, el fiscal aguarda en primera instancia que los directivos de El Álamo realicen a principios de noviembre una asamblea para elegir nuevas autoridades porque habían dejado de presentar balances y rendiciones durante los últimos años, lo que ya habrían puesto al día a raíz de esta situación.
Por mientras, los okupas están levantando construcciones que han despertado quejas en los vecinos del barrio residencial aledaño, que manifiestan preocupación e incertidumbre, y entre los que ya habían comprado parcelas para construir sus futuras casas. “Esta gente ni siquiera es de clase no pudiente, sino que son personas de clase media pero que están viviendo en condiciones deplorables y no están respetando nada. ¿Qué hago ahora si yo pagué mi terreno?”, se quejó Alberto Campos, además de contar que la primera usurpación ocurrió en abril, cuando debió intervenir Desarrollo Social para que desalojaran la zona por las malas condiciones en la que estaban viviendo los niños.
La justificación Desde el movimiento Manuel Belgrano promovieron que estas familias tupungatinas ocuparan el lugar para “visibilizar un problema de poder por parte de la cooperativa y de irregularidades de la Comuna”.
“Entendemos que las tierras no son nuestras pero tampoco son de ellos. Como la Justicia no tiene los mismos tiempos que nosotros, decidimos avanzar para poner en discusión otros temas, como por ejemplo que se investigue la obra de urbanización que hizo un municipal cuando es de privados o cómo han usado la figura de una cooperativa para hacer negocios, cuando esto debería ser de sus socios”, se despachó Diego Bellena, uno de sus miembros.
Según el integrante de esta agrupación, la idea de que usurparan los locales surgió luego de que los dueños del terreno amenazaran a Simón Cazón –adquirió de palabra una parte del lote donde reside desde hace 6 años– para que lo pagara. Entre los que hoy construyen clandestinamente, a pesar de la paralización de obras labrada por la Comuna, estarían algunos de los parientes de este hombre y otras familias de bajos recursos.
A pesar de las reuniones conciliatorias que hubo entre los afectados, aún no hay acuerdos. “Ellos pidieron pertenecer y nosotros les dijimos que esperaran a que tuviéramos la asamblea. Pero la manera no es usurpar y avanzar con las construcciones”, agregó Mazzeo. Mientras, los okupas aseguraron estar dispuestos a dialogar pero no a pagar los casi $300 mil que costaría cada pedazo de tierra.
