Mendoza Miércoles, 12 de septiembre de 2018

Dictamen negativo para el Gobierno por las imputaciones de docentes

La DGE denunció a 3 docentes de la institución por las protestas en contra de la reforma en los Institutos de Educación Superior.

La Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza dictaminó en contra de las imputaciones a los docentes del Colegio Normal bajo el delito de "desobediencia" por hacer asambleas y protestar por la reforma en los Institutos de Educación Superior.

El gobierno mendocino que encabeza Alfredo Cornejo decidió que no subsidiará más a estos institutos, en su gran mayoría privados, si sus tecnicaturas y carreras no estaban acordes con la demanda del mercado laboral y los desafíos futuros.

El director general de escuelas, Jaime Correas, dijo en su momento que el objetivo de la resolución era para "adecuar la oferta educativa con lo que los profesionales que la sociedad necesita". Explicó que de este análisis salieron las "carreras prioritarias".

Frente a este panorama, el rechazo de docentes y estudiantes no se hizo esperar tomando algunos establecimientos. Ante lo que la DGE respondió con un memorándum, en el que prohibía el uso de cualquier edificio escolar que entorpeciera la prestación del servicio educativo.

Luego de estos hechos, la cartera de Educación denunció a Patrick Boulet, Miguel Ángel Sarmiento y Gabriela Díaz, docentes del Colegio Normal, y los imputó por el delito de desobediencia.

Tras la imputación, se solicitó la intervención de la Dirección de Derechos Humanos, quien finalmente dictaminó a favor de los maestros y elevará el escrito al Tribunal.

"La disposición administrativa que serviría de base a la imputación que cuestionamos, parece tener la exclusiva finalidad de impedir la manifestación ciudadana y la protesta social, proponiendo como solución a los conflictos la criminalización de sus actores", argumentó el ente en la resolución.

Y agregaron que el accionar del oficialismo fue más bien "una sanción disciplinatoria y ejemplificadora", para evitar todo tipo de cuestionamiento a su política educativa y para mostrar cuál es el tipo de respuesta que están dispuestos a dar frente a los conflictos sociales expresados mediante protesta social.