Detuvieron a un represor mendocino fugado desde hace 20 meses a través de datos anónimos

Luchini fue integrante del destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, con base en Mendoza, y está imputado por privación abusiva de libertad agravada en 39 hechos; homicidio calificado en 32 hechos; robo simple en un hecho; robo agravado en once hechos; tormentos agravados en 12 hechos y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma.

Según explicaron fuentes de la Justicia Federal, la influencia del Destacamento de Inteligencia al que pertenecía Luchini era importante, al punto tal que era protagonista principal en los grandes operativos realizados entre 1976 y 1983, no sólo en Mendoza sino también en San Luis y San Juan.

Sobre Luchini pesa una imputación, pedida en diciembre de 2012 por la fiscalía de delitos de lesa humanidad y concedida por el juez Walter Bento en febrero de 2013. Poco antes de que se lo imputara, el ex agente de Inteligencia se fugó, al igual que otros represores, y pudo escapar de la Justicia hasta este lunes.

Su detención se debió a las medidas tomadas por la fiscalía de delitos de lesa humanidad y por el programa nacional de recompensas, que impuso sobre Luchini un ofrecimiento de 500 mil pesos para aquella personas que pudiera brindar datos que lleven a su detención.

Esa recompensa provocó que una persona, cuya identidad permanece anónima, se comunicara con el Programa y advirtiera de que Luchini podía ser una persona que habitaba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Ante esa información, la fiscalía le comunicó la novedad al juez y se confeccionó un operativo con la policía aeroportuaria, que confirmó que la información era correcta y procedió a su detención.

Según explicaron desde la Justicia Federal, en CABA también vive un hijo de Luchini, aunque aclararon que no en la misma vivienda donde fue detenido el ex agente de Inteligencia.

Tras ser detenido el lunes, Luchini fue trasladado este miércoles a Mendoza, donde llegó a la Justicia Federal para ser sometido a indagatoria.

Congelamiento de bienesLuchini formó parte de un lote de 17 represores a los que en septiembre se les congelaron los bienes con el fin de presionarlos financieramente y eso los obligara a cometer algún error que permitiera con su paradero.

Esa medida fue dispuesta La Unidad de Información Financiera (UFI) que informó en ese momento que los bienes de 17 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad serían congelados y cualquier movimiento de estos deberá ser informado a los organismos correspondientes.

La medida iba dirigida especialmente a compañías financieras, operadores de tarjetas de crédito, registros de la propiedad y del automotor y otros organismos públicos.

De esas 17 personas afectadas, once eran mendocinos y además de Luchini figuraban: Alberto Silva, que actualmente tiene 65 años y es coronel retirado del Ejército.

Silva se encuentra con pedido de captura nacional e internacional desde el 18 de diciembre de 2012 cuando se realizó un pedido masivo de detenciones contra ex uniformados involucrados en hechos padecidos por más de 60 víctimas en San Rafael.

También de San Rafael se encuentra prófugo Héctor Adán Giménez de 68 años, que está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada en 50 hechos, 43 casos de homicidio calificado, un robo simple, quince agravados y la sustracción y ocultamiento de una menor de diez años.

En el 2012 también se fugó Jorge Linares, que actualmente tiene 66 años y fue teniente coronel del Ejército y que se encuentra imputado en la misma causa que otro represor que no ha sido hallado: Mario Guillermo Ocampo.

Humberto Romero Tello es otro de los fugados mendocinos, pero en este caso se trata de un ex policía incriminado en una causa de secuestro, torturas, robo con armas, homicidio agravado con ensañamiento y alevosía.

Un ex policía que siempre ha sorteado a la Justicia es Ricardo Aleks, que supo formar parte de la federal y se encuentra imputado en el asesinato del estudiante de periodismo Amadeo Sánchez Andía en 1975 y la muerte de Víctor Romano Rivamar en 1976.

Walter Tomás Eichhorn es un ex militar, acusado por secuestros y torturas en el Casino de Suboficiales, que funcionó como centro clandestino de detención de mujeres durante la última dictadura cívico-militar.

En su caso está procesado por la privación ilegítima de libertad de 14 personas y la imposición de tormentos a once mujeres recluidas en ese lugar.

Vicente Omar Navarro Moyano fue integrante del Ejército Argentino y desde fines de 1972 prestó funciones en el Destacamento de Inteligencia 144.

En su caso está imputado en 18 casos de secuestros, en nueve homicidios calificados, en tres robos, once casos de torturas y asociación ilícita.

José Luis Piedra también perteneció al ejército y prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 144 en diciembre de 1974. Se encuentra imputado por privación abusiva de libertad agravada en 39 hechos; homicidio calificado en 32 hechos; robo simple en un hecho; robo agravado en once hechos; tormentos agravados en 12 hechos; sustracción, retención y ocultación de una menor de diez años del poder de sus padres en un hecho y asociación ilícita en calidad de jefe u organizador de la misma.

En tanto, el último de los mendocinos afectados es José Osvaldo Riveiro, que supo ser jefe del Destacamento de Inteligencia 144.

Riveiro se encuentra imputado por 33 secuestros, 34 casos de homicidio, un robo simple y doce agravados, tormentos en dos hecho y sustracción de una menor de diez años.