Mendoza Martes, 7 de agosto de 2018

Denunciaron que en Mendoza funcionaba una "Rosadita" local

Allí se tramitaban obras paralelas de infraestructura y que eran mal ejecutadas. Se labraron sumarios a empleados

El de la cárcel federal fue el ejemplo más grosero de corrupción en obras públicas, pero no el único que hubo en Mendoza durante la gestión del gobierno anterior. Si bien la penitenciaría que no se ejecutó como debía está directamente relacionado con el escándalo de los cuadernos y las coimas, destapó la olla sobre otras obras de infraestructura en las que también hubo irregularidades y cuya investigación está en manos de la Justicia mendocina.

Daniel Chicahuala, subsecretario de Infraestructura, explicó cómo era el funcionamiento de una oficina de obras paralela a la que en los pasillos de Casa de Gobierno habían apodado La Rosadita y mediante la cual se licitaron, adjudicaron y ejecutaron obras que tenían que ver con los servicios como cloacas o redes de tendido eléctrico.

A pocos días de asumir en la gestión, Chicahuala se encontró con que existía la Dirección de Administración de Contratos de Obras Públicas, que se encarga de la administración de las obras, y una paralela, que cumplía la misma función, llamada Dirección de Infraestructura Básica, a cargo de Claudio Barraza. Ésta tenía las facultades de poder hacer pliegos, llamar a la licitación, adjudicar, controlar avances de obras y certificar. Si bien tenía una oficina en Casa de Gobierno, toda su gente estaba concentrada en una vivienda en el barrio Bombal a la que popularmente llamaban La Rosadita.

"La casa la estaba pagando una empresa contratista, el contrato de una obra decía que la contratista tenía que hacerse cargo de unas oficinas de obra, y la obra estaba en Las Heras y la oficina acá. Para nosotros no tenía ningún sentido que estuviera ahí, máxime a tres cuadras de Casa de Gobierno", comentó Chicahuala.

Cuando llegaron a La Rosadita se llevaron todos los expedientes y lo elevaron a Control de Gestión. Hicieron una auditoría de las obras, que les llevó alrededor de seis meses, y se sumarió a los inspectores que trabajaron allí y también se hizo una denuncia penal que la Justicia mendocina investiga.

De ese relevamiento que hicieron se encontraron con al menos dos obras que habían sido mal ejecutadas. Una es la de la red de cloacas del distrito El Sauce, en Guaymallén. La obra ya estaba finalizada cuando comenzó la nueva gestión pero luego de la auditoría pudieron determinar que había partes que no se habían hecho de acuerdo con las especificaciones técnicas que se habían pedido. Para poder constatarlo usaron robots que viajaron por los tubos de las cloacas.

"Se intimó a la empresa y respondió y corrigió todo eso", comentó el funcionario. Es decir, la Provincia no tuvo que volver a pagar por algo por lo que ya se había pagado.

Otra de las obras mal hechas es la red eléctrica Loma Amarilla en Malargüe. "Vimos que había una certificación de trabajos que al revisarlo no era así. Se había ejecutado el 18% y la certificación estaba cerca del 30%. Eso también dio origen a otro sumario y se hizo la auditoría y la denuncia penal", contó Chicahuala.

En este caso también se llamó a la contratista y le exigieron que cumpliera con lo debía haber hecho. "Lo que se pagó no lo vamos a pagar de nuevo, sino que la contratista se tiene que hacer cargo", sostuvo.

"En este caso la situación fue un poco más compleja, porque tiene dos fases, la fase uno se terminó por otra empresa y se hizo mal, la empresa hizo lo que se contrató pero estaba mal hecho el proyecto, entonces había que arreglar la primera. Se pidió que se utilizara el dinero de la fase 2 para hacer la fase uno. Pero se debió haber hecho una licitación distinta para arreglar la uno. El dinero de cada contrato tiene que ir a parar a ese contrato", explicó.

Chicahuala afirmó que si no se hubiesen dado cuenta de las negligencias en las obras -no puede asegurar que hayan sido con esa intención- se hubiesen perdido millones ya que se pagó por algo que no se hizo o se hizo a medias.

El caso de la cárcel federal es el ejemplo más grosero de irregularidades en obras. Está directamente relacionada con los cuadernos de corrupción durante la presidencia de Cristina Kirchner ya que la penitenciaría fue adjudicada a la empresa Isolux, del empresario Juan Carlos De Goycoechea, uno de los arrepentidos mendocinos.

Según contó el funcionario, ejecutaron el 27% y certificaron el 68%. "Eso no es un error", dijo, categórico, Chicahuala. "Se pagó en reconocimiento de un trabajo que se había hecho y nunca se hizo", agregó.

Ahora la Provincia se hizo cargo de la ejecución de la obra, que se hace con fondos nacionales. Tiene un 60% de avance y estará lista para junio del año que viene.