Por Carina Luz Pé[email protected]
Un presunto caso de abuso sexual, abandono de persona marcado por la desnutrición, falta de habilitaciones legales para abrir una institución sanitaria relacionada a fallas severas en el funcionamiento edilicio, incumplimiento de deberes de funcionario público y corrupción son alguno de los delitos investigados por la Fiscalía de Estado tras haber recibido la denuncia formal de la Defensoría del Discapacitado contra varios albergues públicos y privados donde son internados chicos y adultos con discapacidades severas.
Si bien rige el secreto de sumario sobre las medidas correctivas y preventivas que está llevando adelante la Fiscalía sobre el caso, en principio las entidades señaladas serían el Instituto Jorba de Funes de Guaymallén y dos entidades privadas que reciben dinero del Gobierno a través de la Dirección de Discapacidad provincial, con lo cual, dicen los denunciantes, se pondría en evidencia la falta de controles del propio Ministerio de Desarrollo Social.
Según explicó su titular, Juan Carlos González, las denuncias fueron recibidas en la Defensoría hace pocas semanas. La primera fue a través de un anónimo, caso que fue corroborado luego de inspeccionar el lugar, otra elaborada por dos asistentes sociales que trabajan en la Defensoría y una más, sustentada en el trabajo de la organización civil Padres Autoconvocados, que vienen mostrando desde hace tiempo, con fotos y manifestaciones de protesta, el maltrato y las pésimas condiciones de asistencia para con los discapacitados de forma general y en particular en el Jorba de Funes.
Semana clave
Desde la Fiscalía de Estado informaron que la semana entrante habrá una definición sobre los casos denunciados y si bien se mostraron muy celosos a la hora de brindar detalles, no negaron la posibilidad de que sean clausurados algunos organismos.
“La Fiscalía interviene porque hizo un convenio con la Defensoría, pero además tiene la función de defender el patrimonio de la provincia”, dijo un vocero de ese organismo.
Alejandra Berlanga, miembro de la organización civil Padres Autoconvocados de niños, jóvenes y adultos con discapacidad, dijo que vienen trabajando en el Jorba desde hace muchos años, por lo menos desde el 2007, “y nunca cambia nada. En enero pasado enviamos un documento tanto a la Dirección de Discapacidad como a la Defensoría del Discapacitado, porque ellos son responsables de controlar las condiciones en las que los chicos están internados dentro de los hogares. La Dirección de Discapacidad no nos contestó nunca, pero la Defensoría le dio curso a nuestra denuncia, que hace años venimos mostrando”. Y añadió: “La diferencia con la participación de la Fiscalía es que ahora van a tener que dar cuenta, sí o sí, de lo que hacen o no hacen, porque allí siguen sucediendo muertes y los discapacitados que ahí están internados no tienen nadie que los defienda”.
Problema de fondo
El Jorba alberga actualmente a unos 40 discapacitados, la mayoría de los cuales fueron abandonados por sus familiares hace años y ya no tienen vínculos con el exterior.
Según Berlanga, “hay muy pocos chicos cuyos papás los siguen visitando”.
Desde esa organización hace tiempo que plantean la necesidad de terminar con el modelo de macrohogar como el Jorba e implementar los microhogares, donde los discapacitados pueden tener contención de un ámbito más familiar, en un barrio, y no aislados de la comunidad.
“Esos chicos, que fueron abandonados hace muchos años por su familia, en un contexto histórico donde lo peor que te podía pasar es tener un hijo así, nunca fueron a rehabilitación y mucho menos a una escuela para discapacitados. Tal vez en otro entorno, en otro modelo de asistencia, podrían haber tenido otro desarrollo. Además es necesario contener a las familias para que puedan cuidar a sus hijos o mayores en la casa, evitando la internación en los hogares, para que no se repita lo del Jorba. Pero nunca nadie hace nada, pasan los años y nada cambia. Ojalá que ahora esto tenga otro final”, se esperanzó Berlanga.
Muerte dudosa
Clementina Jofré, una anciana residente en el Jorba, presentó un cuadro grave de fiebre y se descompensó en el 2009. Ni el cercano hospital del Sauce ni el SEC la asistieron, según denunciaron empleados de la institución. Clementina vivió allí durante cuatro décadas y ese año había una epidemia de gripe.
Le negaron el ingreso al Jorba a una asociación
En julio de 2012, los Padres Autoconvocados quisieron ingresar con la prensa para verificar si una denuncia anterior, realizada ante escribano público, había producido mejoras en el edificio y en la contratación de personal pero el director del Jorba, Domingo Ferreti, se negó a dejarlos pasar.
