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“No tenemos agua”. Ese será el principal argumento de Mendoza frente a la demanda de un abogado pampeano por el río Atuel. La demanda iniciada en el 2010 por un ciudadano de esa provincia en contra de Mendoza por el supuesto incumplimiento del convenio del río Atuel, puso en alerta al Poder Ejecutivo, que ya tiene clara que su principal estrategia para defenderse es que Mendoza tiene crisis hídrica desde hace cinco años, al menos.
Este lunes, el gobernador Francisco Pérez convocó a todos los órganos del Estado intervinientes para comenzar a diseñar una estrategia. Esto se debió a que la Corte Suprema se declaró competente en la causa y ordenó un juicio ordinario, y una vez que la provincia sea notificada, habrá 60 días hábiles para contestar los requerimientos hechos y que tienen que ver con el convenio firmado en el 2008.
“El gobernador pidió que haya una política de ataque desde lo jurídico, lo comunicacional y lo organizacional”, explicó el secretario legal y técnico, Francisco García.
El convenio firmado en el 2008 entre las dos provincias establece que La Pampa debe recibir un caudal de agua desde Mendoza, a través del Río Atuel, pero ese acuerdo fue ratificado solo por la legislatura pampeana, en cambio, la de Mendoza, ante las críticas de los productores de General Alvear y de especialistas en agua, decidió demorar su aprobación, incluso hasta hoy.
En ese sentido, la provincia presentará como argumentos que a pesar de la falta de ratificación legislativa, se han hecho el aproximadamente el 60 por ciento de las obras que decía el convenio, pero además “el argumento fundamental es que venimos de 4 o 5 años de crisis hídrica en Mendoza. No desconocemos que la cuenca es compartida, pero no tenemos agua”, sostuvo García.
De hecho, el funcionario explicó que además de las obras ya hechas, hay algunas que ya se encuentran en carpeta, lo que también será informado a la Corte Suprema.
Según el esquema dispuesto por Pérez, todos los órganos del Estado que tengan que ver con el agua y con lo hecho en el Atuel, deberán remitir sus informes a García.
Este será el responsable de estudiarlos y de diseñar y elaborar aquello que se enviará a la Corte Suprema.
Las presionesGarcía reconoció que en la pelea por el río Atuel, mucho han tenido que ver las presiones hechas en ambas provincias.
En el caso de Mendoza, la movilización de regantes y de especialistas provocó que la legislatura nunca ratificara el convenio firmado por el ex gobernador, Celso Jaque.
En tanto, en La Pampa, la presión política llevó a que Oscar Jorge, el gobernador de esa provincia adelantara una segunda demanda contra la provincia, ya que la actual es del 2010 y pertenece a un abogado particular, Miguel Ángel Palazzini.
Para esto, ya se contrató un estudio privado de abogados y se está a la espera de que finalmente se presente esa demanda.
“La Pampa intentará probar que hay daño ambiental y que debamos repararlo, pero creemos que no les asiste la razón. Tenemos pruebas muy importantes. No podemos garantizar la resolución, pero creemos tener razón”, expuso García.
